Un ex consejero sostiene que las ayudas a Isofotón fueron legales
Martín Soler dice a la juez que la Junta no se comprometía a avales o préstamos en charlas informales
El ex consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler declaró a la juez que investiga el caso Isofotón que la autorización que dio a uno de los avales concedido por la agencia IDEA a la empresa malagueña se ajustó a la normativa y que la Junta de Andalucía no se comprometía a ayudar a ninguna empresa a través de “conversaciones informales”.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla está investigando los cerca de 38 millones de euros que Isofotón recibió de la Junta entre 2010 y 2012 en tres avales de IDEA y un préstamo de su filial Soprea, unos hechos que pueden ser constitutivos de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, según la juez.
Soler, que declaró ayer como investigado, recordó que fue consejero sólo durante 11 meses y explicó que su única participación en los hechos fue la autorización del primer aval, que después fue concedido el 12 de abril de 2010 por un importe de 5 millones de euros.
El ex consejero, además, descartó que la Junta se comprometiese con los responsables de Isofotón, también investigados, a concederles esas ayudas con carácter previo a que comprasen la empresa, como el pasado 15 de octubre afirmó el ex director financiero de producción de la empresa malagueña, Óscar López.
En esa comparecencia, López relató que los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano, propietarios del grupo Affirma, obtuvieron de la Junta el compromiso de darles 35 millones antes de comprar Isofotón. Soler, en cambio, replicó ayer que la Junta “sólo habla por vía de actos administrativos formalizados” y no por “conversaciones informales”.
En el caso de Isofotón, añadió el ex alto cargo tras revisar el expediente a posteriori, “no hay nada” que dé a entender que hubo “un compromiso informal previo”. Soler añadió que todas las líneas de ayuda a Isofotón, tanto los avales como el préstamo, “están ajustadas a la normativa”.
El abogado de Soler, Alfonso Martínez del Hoyo, explicó que la causa que se sigue en el juzgado supone “una invasión del derecho penal en ámbitos que no le son propios”, ya que “se está exigiendo una responsabilidad penal objetiva basándose en un contexto del mercado y en situaciones de riesgo propias de la actuación de una Administración pública en esos ámbitos del mercado financiero y económico”.
El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo también compareció ayer como investigado, en su caso por los avales del 27 de agosto de 2010, pero se acogió a su derecho a no declarar. Quienes sí respondieron fueron varios técnicos del comité de riesgos de Soprea, que incidieron en que Isofotón no sufría una crisis estructural, sino problemas “puntuales y coyunturales”, lo que justifica que recibiese esas ayudas, distintas de las destinadas a empresas en crisis.
El también antiguo consejero Francisco Vallejo se acoge a su derecho a no declarar