El TS revoca el tercer grado a los nueve condenados por el ‘procés’
El Supremo considera que la semilibertad es prematura dadas sus elevadas penas
El Tribunal Supremo (TS) ha revocado por considerarlo prematuro el tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve condenados a prisión por el procés, quienes tampoco podrán gozar del régimen f lexible que les permitía el artículo 100.2 del reglamento penitenciario por no estar conectado con la reinserción.
Los magistrados que juzgaron a los líderes independentistas han dictado nueve autos de contenido similar –uno por preso–, en los que estiman los recursos de la Fiscalía contra el tercer grado y contra la aplicación del artículo 100.2 que se concedió a los presos antes de otorgarles el régimen de semilibertad.
Entienden que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.
Así, deberán continuar en segundo grado, pues también les han denegado la semilibertad del 100.2, con los mismos argumentos que dio respecto a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell –a quien ya revocó este régimen el pasado julio– por “la falta de conexión” de un programa de tratamiento de ese tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.
La palabra venganza ha sido la más utilizada por los partidos y entidades independentistas catalanes y el propio Govern ante la decisión del Supremo.
El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, denunció una “venganza política” del Supremo, ante lo que abogó por responder con “más política y democracia que nunca”.
El diputado de la CUP Vidal Aragonès fue más allá la hablar de “venganza política”, “persecución ideológica” y de intento de “acabar con el Estado de Derecho”.
También la presidenta de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, habló de “más injusticia y venganza”.
Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se refirió a la sentencia del Supremo precisamente para distanciarla del terreno político y señaló que “cualquier relación que mantengamos con otra formación política establece una línea roja de acatamiento de la ley y las resoluciones judiciales”.
El Supremo persiste en la sed de venganza, está controlado por la derecha judicial”