Valencia admite que el traslado de Abengoa no está pactado
Oltra afirma que la negociación está “en una fase muy incipiente” y elude valorar las discrepancias que genera en la coalición
El Gobierno valenciano admitió ayer que el hipotético traslado de Abengoa a Valencia no está ni mucho menos pactado, lo que abunda en que el hecho de que se desvelase la negociación sólo era un elemento de presión a la Junta de Andalucía para que rectifique su posición y participe en la operación de rescate que expiramañana, si no se prorroga una extensión entre las partes.
La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, afirmó que la negociación del Gobierno valenciano con Abengoa para el traslado de la multinacional está “en una fase muy incipiente” y que de momento “no hay un proyecto, no hay un documento ni una tramitación administrativa” sino que “en todo caso, es una sugerencia verbal”.
Así lo indicó Oltra ayer en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, donde apuntó que en estos momentos el Insitut Valencià de Finances (IVF) está estudiando esta operación. En esta línea, consideró que está en “una fase muy incipiente como para hacer un análisis”. La también consellera de Igualdad rechazó pronunciarse sobre las posiciones de los grupos que sustentan al Govern del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem).
En los últimos días, varios miembros de estas dos últimas formaciones se han manifestado respecto a este futurible traslado. En concreto, el portavoz de Compromís en la comisión de Industria de Les Corts, Josep Nadal, señaló en Twitter: “No entiendo por qué la autonomía más pobre y peor financiada tenemos que rescatar a una multinacional arruinada de quien en su casa no quieren saber nada, sólo porque traigan la sede aquí”.
El hipotético traslado de Abengoa a Valencia no puede decidirse en este momento porque la matriz no tiene consejo de administración. Tampoco puede hacerlo la filial Abenewco, porque al no haberse ejecutado el contrato de rescate, sigue dependiendo de la matriz y de sus estatutos, que fijan que la sede del grupo ha de estar en el municipio de Sevilla en su artículo 2º.
LA política en España, en estos días raros, ha convertido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en una realidad ajena a lo que en puridad deberían ser: una planificación de los ingresos y gastos del país, de la Gran Empresa común. Los PGE tendrían que ser un compromiso sobre dónde se van a gastar e invertir los recursos obtenidos por, fundamentalmente, los impuestos directos (los que gravan la renta de las personas y las empresas; IRPF e impuestos sobre el beneficio de las empresas) e indirectos o sobre el consumo (IVA y Especiales, como los del combustible). Los PGE deben –deberían– recoger los compromisos políticos e incluso ideológicos de quien ostenta el poder, el Gobierno. Deben, por tanto, orientar la acción política acerca de la Educación y Sanidad públicas, sobre la inversión en infraestructuras y otras responsabilidades del Estado; las políticas de fomento de sectores y las ayudas a personas y actividades concretas, la armonía territorial en un país poliédrico. Y no es así.
El atomizado reparto de los escaños que nos alumbra hoy, y la rotunda presencia de una pandemia que nos convierte en el país con peores perspectivas y mayor daño económico en sólo en la Unión Europea, sino del mundo, convierte a los Presupuestos en una moneda de cambio, o sea, los mixtifica. O sea, falsea su esencia de gestión, para hacerlos puro politiqueo, y no creo que sea exagerado el diagnóstico. Siempre ha sido así en democracia, pero ahora los PGE son más que nunca un escenario de negociación de afanes territoriales y de derribo del sistema vigente. Lícito, pero justo lo contrario de lo que conviene a la eficiencia en el uso de los recursos públicos y a la eficacia en el logro de objetivos colectivos. Cierto es aprobación de los mismos por futuras repúblicas ‘intranacionales’ (Cataluña y País Vasco), o por dinamitar a la monarquía parlamentaria, a la propia monarquía como forma de jefatura del Estado. Ese “asunto olvidado” entre tanto trajín de cambio de estampitas es que los PGE deben confeccionarse y aprobarse cada año. No sólo ahora, también el año que viene, y el otro. ¿Ante qué nuevas y sucesivas exigencias de quienes no creen en la causa común deberá el Gobierno de Sánchez ceder en 2021, 2022 o 2023 para mantenerse en el poder, de la mano de una vicepresidencia, Unidas Podemos, que no cree en la economía de mercado, o sea, en la economía, y con unos apoyos nacionalistas cuyo bien superior no es el bien de todo el Estado, sino la independencia? La pregunta es larga y tortuosa, y largo y tortuoso será el camino, con unos PGE sometidos a la irracionalidad de la gestión debida, mientras el mundo exterior del que dependemos nos mira con perplejidad, y recela y cierra la mano.