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El Parlamento aprobó en 2017 un acuerdo sobre financiación autonómica del que sólo se salió Ciudadanos porque quería una equiparación del sistema más ambiciosa de la que se planteaba entonces, es decir, una mayor armonización. Tres años después la polémica ha vuelto sobre una propuesta que ya estaba en los cajones del Ministerio de Hacienda cuando Cristóbal Montoro era su titular. La propuesta, entonces y ahora, incluía una revisión del modelo fiscal en las comunidades dentro de la reforma del sistema de financiación autonómica que lleva caducado más de un lustro y que era una prioridad para María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda. El problema es el incendio que prendió cuando Gabriel Rufián, tras pactar el apoyo de ERC a los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, compareció en el Congreso para decir que la intención era acabar con el “paraíso fiscal” que, a su juicio, ha propiciado el PP tras décadas de Gobierno. El trazo grueso del portavoz independentista tiene mucho que ver con la respuesta atronadora lanzada desde el PP con el Ejecutivo andaluz como punta de lanza. “Parece que todo lo de ERC hace saltar chispas”, reconoce una fuente conocedora de la negociación presupuestaria en Madrid. Pero, más allá del trazo grueso ¿hay motivos que justifican la preocupación en San Telmo?
El secretario general de Economía, Ignacio Castillo Manzano, comprende que haya una cierta “desconfianza”. “Es necesario un pacto global [para reformar el sistema de financiación autonómica], nadie lo discute, pero el antecedente que hay es la ley de
Es necesario un pacto global en financiación, pero el antecedente es la Ley de Educación”
educación”, reconoce este economista en referencia a la conocida como Ley Celaá, aprobada en el Congreso recientemente por un sólo voto de diferencia. Para Castillo, el modelo educativo y el de financiación autonómica son “dos pilares que definen al Estado español”, por lo que si se aprueban sin consenso el resultado son “leyes con fecha de caducidad, como los yogures”. Eso es justo lo que ocurrió con la actual Ley Orgánica del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, que salió adelante en 2009 gracias a un pacto de los socialistas con ERC –“la historia no se repite, pero rima”, cita atribuida a Mark Twain– y que lleva prorrogándose desde que caducó, cuatro años después.
Más allá de la procedencia de los votos que aprobaron aquel modelo, hay consenso en todo el espectro político andaluz respecto a la necesidad de darle una vuelta al sistema para acabar con la inequidad que provoca. “La situación es inasumible; en vez de ir hacia una convergencia mínima vamos a una mayor divergencia”, insiste Castillo, quien pone el foco en las enormes diferencias en lo que cada comunidad recibe por habitante, pero también en la “opacidad y la complejidad” de las normas que rigen el reparto de los fondos.
A la complicación que supone reformar una ley primordial para el funcionamiento del modelo autonómico suma Castillo la necesidad de “compensar a los perdedores” del nuevo sistema. “Todo sabemos que son las regiones del noroeste”, admite el secretario general de Economía de la Junta, que también plantea la necesidad de revisar los sistemas forales para que el País Vasco y Navarra hagan una mayor aportación “a la solidaridad” entre comunidades. La idea parte de un alto cargo del Gobierno andaluz elegido por