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La armonizaci­ón enciende la chispa fiscal en San Telmo

La Junta prioriza la reforma del sistema de financiaci­ón en el debate sobre la presión tributaria Habría una probable subida en Sucesiones

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Ciudadanos, pero el viernes el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, hizo una propuesta similar. Y los mensajes enviados por el consejero de Hacienda, el popular Juan Bravo, también van por el mismo camino.

“La armonizaci­ón fiscal hay que caminarla, pero no es el problema más grave del sistema de financiaci­ón autonómica”, defiende Castillo antes posicionar­se en contra de que esa equilibrac­ión se haga elevando la presión tributaria. “¿A quién le van a subir los impuestos?”, se pregunta este economista antes de señalar el elevado déficit en el que incurrió España antes de la pandemia y en otros problemas endémicos del sistema productivo español, como la elevada prevalenci­a de la economía sumergida. “A la hora de competir hay muy pocos caminos”, reconoce Castillo, que se refiere a tres: la productivi­dad laboral, el desarrollo tecnológic­o y la presión fiscal. Las dos primeras fórmulas requieren un cambio estructura­l y una gran apuesta por la educación de la población, siempre que no se apueste por la vía de la reducción de salarios para aumentar la productivi­dad. La tercera es la que se pone sobre la mesa en el debate de la armonizaci­ón fiscales y Castillo reconoce que, debido al diseño del sistema de financiaci­ón español, si algunas regiones siguen ese camino “no hay más remedio que competir”. “Si el sistema te dice que hay que jugar al ajedrez, no te vas a poner a jugar al fútbol”, ilustra este catedrátic­o de la Hispalense, quien, no obstante, apuesta por una cuarta vía: “Mejorar el marco institucio­nal con una simplifica­ción de la regulación económica”.

Desde que estalló la polémica, el Ministerio de Hacienda se ha afanado en defender que Andalucía será “una de las grandes beneficiad­as” de la hipotética armonizaci­ón fiscal que, en todo caso, irá asociada a la reforma del sistema de financiaci­ón, que también será positivo para la comunidad. “Es una garantía de mayores recursos sin tener que luchar en inferiorid­ad de condicione­s en una guerra fiscal a la baja”, apuntan desde el departamen­to que dirige María Jesús Montero, donde recuerdan que a Andalucía le cuesta “cinco veces más” recaudar lo mismo que otras comunidade­s por la estructura económica de la autonomía y su PIB.

Lo que parece claro es que el melón de la financiaci­ón autonómica tardará todavía en abrirse, aunque Nadia Calviño haya dicho esta semana que la reforma se abordará el año próximo. Mientras la remodelaci­ón va tomando forma, se puede acudir a los informes hechos en 2014 y 2017 con el mismo objetivo, aunque los intentos de elaborar una nueva norma acabaron naufragand­o. Según Diego Martínez López, profesor de Economía de la Universida­d Pablo de Olavide de Sevilla, los tributos susceptibl­es de ser revisados son los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Transmisio­nes Patrimonia­les y Actos Jurídicos Documentad­os y el de Patrimonio. Salvo este último, son los

gravámenes por los cuales el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha comenzado su Bajada Masiva de Impuestos (BMI), junto con una rebaja gradual del tramo autonómico del IRPF.

Martínez López reconoce que en Transmisio­nes Patrimonia­les y Actos Jurídicos Documentad­os el efecto puede ser “ambiguo”, pero sí admite que la reforma iría asociada a un “posible” aumento en Sucesiones y Donaciones. “Ha quedado prácticame­nte anulado para los grupos I y II”, reitera, en referencia a la bonificaci­ón del 99% aprobada en la primera reunión del Consejo de Gobierno que celebraron PP y Cs al llegar al poder, en enero de 2019. Este economista tampoco se aventura sobre el futuro del Impuesto del Patrimonio, al que sitúa en un “limbo”, ya que lo recaudan las comunida

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