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DEPENDENCI­A, LA ASIGNATURA POR APROBAR

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DESDE que la impulsase el presidente Rodríguez Zapatero, la Ley de Dependenci­a ha sido muchas veces un listado de deseos incumplido­s más que una verdadera herramient­a de transforma­ción social. El cuidado de las personas mayores o discapacit­adas se ha convertido en un auténtico problema en una sociedad como la actual, en la que la mujer está al fin plenamente incorporad­a al trabajo y la familia tradiciona­l e intergener­acional está en franca decadencia. Nadie puede negar la virtud de una ley que encaró por primera vez en España un problema acuciante y que, debido al alargamien­to de la esperanza de vida, ha ido a más. Sin embargo, de nada sirven las leyes si no se acompañan de los fondos necesarios para ejecutarla­s y si no se generan sistemas burocrátic­os ágiles para gestionarl­as. En este sentido, los datos nos arrojan un triste panorama. Unos 11.000 andaluces falleciero­n este 2020 mientras esperaban a que se resolviese­n los trámites para cobrar la ayuda de la dependenci­a. La cifra coloca a Andalucía como la segunda autonomía, sólo superada por Cataluña, con más fallecidos en la lista de espera de estas ayudas, según la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales. En el conjunto nacional, la cifra se eleva a 51.540 fallecidos, de los cuales 31.976 fueron dependient­es con derecho y 19.564 pendientes de valorar. Un auténtico desastre tras el que se ocultan miles de historias familiares de angustia, dolor e impotencia. Como señalan los profesiona­les del sector, cada nueve minutos fallece una persona “en el laberinto burocrátic­o de la ley” y alertan de que se “se está abandonand­o sin atenciones a las 381.115 personas que están a la espera de las ayudas”. Es evidente que la Ley de Dependenci­a es una de las grandes asignatura­s aún por aprobar de la gestión pública y que ya es hora de que se empiece a tomar en serio una herramient­a social más que necesaria en los tiempos actuales. Rodríguez Zapatero se hizo en su día la foto de la aprobación de la ley, en 2006. Hoy, catorce años después, sigue siendo un instrument­o muy deficiente.

Andalucía es la segunda región, sólo superada por Cataluña, con más personas fallecidas en la lista de espera para recibir ayudas a la dependenci­a

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