Educación descarta prolongar los conciertos para evitar la ley Celaá
Seguirán siendo de cuatro y seis años, mientras que Madrid los va a ampliar a una década
Ni se adelantará la escolarización ni se alargará la vigencia de los conciertos educativos, como sí hará Madrid para evitar los efectos de la ley Celaá. La Consejería de Educación y Deporte descarta, por ahora, tales medidas en plena polémica por esta reforma, que de nuevo ha sido motivo de declaraciones. El consejero del ramo, Javier Imbroda, salió ayer al paso de las informaciones que apuntaban a una fractura en el Gobierno andaluz a la hora de afrontar la Lomloe. Una divergencia evidenciada el pasado lunes, cuando el titular de Educación hablaba de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo central a la hora de desarrollar la ley en Andalucía –siempre respetando la libertad de elección de los padres y la cultura del esfuerzo–, mientras que a última hora desde Presidencia se elevaba el tono y se aseguraba que la Junta desarrollará al máximo sus competencias para evitar los “efectos negativos” de la octava reforma educativa de la democracia.
Por ahora, esta polémica no afecta ni a la duración de los conciertos ni al proceso de escolarización, que continuará en su fecha habitual, del 1 al 31 de marzo, por lo que no se adelantará, como anunció el presidente de los populares, Pablo Casado, que se haría en todas las autonomías gobernadas por el PP. Tal es el caso de Madrid, aunque la ministra de Educación, Isabel Celaá, desmintió tal extremo, al asegurar que en años anteriores la resolución para este proceso se firmaba en diciembre.
A preguntas de los periodistas tras el consejo de gobierno de ayer, Imbroda aseguró que no se ha producido ninguna división entre el PP y Cs a la hora de abordar esta cuestión. “Sólo ha habido diálogo”, matizó el consejero, para “clarificar cuestiones” y estar “totalmente alineados” como Ejecutivo en la oposición a una ley de Educación estatal que “nace sin consenso”. “Ha habido una falta de diálogo no sólo con las autonomías, sino con la propia comunidad educativo”, enfatizó Imbroda.
El titular de Educación hizo tales declaraciones junto a Elías Bendodo, consejero de Presidencia, cuyo departamento transmitió la noche del lunes un mensaje de calma a las familias de la enseñanza concertada al garantizar que el actual decreto de escolarización (que entró en vigor el pasado marzo) preserva el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. Sin embargo, ese decreto no parece ser suficiente para quienes integran la plataforma Más Plurales.
Uno de los motivos que sustenta el temor de las familias es el hecho de que en enero de 2021 se abrirá el plazo para la solicitud y renovación de los conciertos en Infantil, ESO y FP (excepto en Primaria, que es cada seis años). Un procedimiento del que depende la oferta educativa que se presente en marzo y que muchos padres temen que pueda verse afectado por la nueva ley.
Educación asegura que la Lomloe no incidirá en dicho proceso porque resulta muy complicado que se encuentre vigente para tal fecha. La consejería descarta también ampliar el plazo de vigencia de los conciertos, como hará Madrid, que los prolongará hasta los diez años. En Andalucía seguirán siendo de cuatro y seis.