POLÍTICAS DE DEMANDA Y POPULISMO
LA grave crisis económica que estamos sufriendo es fundamentalmente una crisis de demanda como consecuencia de las restricciones a la movilidad y a la actividad productiva, lo que ha provocado cierre de empresas, desempleo, incertidumbre y, por tanto, reducción del consumo y la inversión.
Como respuesta a esta inesperada crisis se ha generado un amplio consenso entre economistas académicos, instituciones internacionales, bancos centrales y gobiernos sobre la necesidad de políticas de demanda expansivas que, con sus efectos multiplicadores, limiten la caída de la actividad productiva.
La generalidad de los países del mundo, especialmente los más desarrollados, han abordado este tipo de políticas. El Gobierno de España así lo viene haciendo desde el decreto de estado de alarma del 14 de marzo, si bien su entidad relativa es de las más reducidas de los países desarrollados por las restricciones financieras de nuestro país.
Si bien muchas de las medidas adoptadas son semejantes a las de nuestro entorno, algunas recientes o en proceso de decisión son más discutibles, como la elevación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sobre la que, al parecer, hay diferencias en el seno del Gobierno entre ministros de Podemos y del Partido Socialista, y también entre sindicatos y empresarios. Por una parte se argumenta que el SMI afecta a los sectores menos favorecidos, que en otros países (Portugal, Francia, Alemania) lo han elevado los gobiernos y que su aumento se destinará al consumo al 100%, con el consiguiente efecto multiplicador del gasto. Frente a ello se argumenta que en ningún país como España el SMI determina de forma universal la cuantía del sueldo base, que en ningún otro se ha elevado en los dos últimos años un 29,1% y, sobre todo, que no es recomendable porque los perceptores de SMI se encuentran en su mayoría trabajando en sectores como la hostelería, el comercio o el turismo en los que los aumentos salariales pueden obligar a cerrar a empresas con dificultades, y porque, en cualquier caso, el aumento del SMI es un desincentivo a la creación de empleo, por lo que el balance final en términos de empleo y demanda puede ser negativo.
También el respaldo popular ha debido de primar en la subida de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos en un 0,9% para 2021. En relación con las pensiones, el Fondo Monetario Internacional argumenta que, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, las subidas acumulables a largo plazo generan una enorme carga en el ya abultado déficit, y que existen necesidades de gasto social más apremiantes ante la actual crisis como la formación de trabajadores que han perdido el empleo o el aseguramiento de los subsidios de desempleo a los que pueden quedar en paro tras los ERTE.
Ese aumento del 0,9% de los ingresos se produce tras un año en que muchos españoles han sufrido económicamente el embate de la crisis en forma de desempleo, reducción de horas de trabajo, cierre de sus empresas o pérdida de beneficios, mientras que los pensionistas y empleados públicos han mejorado su renta real con una tasa de inflación negativa y, lo que es más importante, con la seguridad en la percepción de sus ingresos que pocos colectivos disfrutan.
Por otra parte, según Fedea, las previsiones del Pacto de Toledo y del Gobierno sobre el futuro de las pensiones son excesivamente optimista para permitirles proponer un proyecto de prestaciones que impondrá una elevada carga a los trabajadores de las próximas generaciones, ya que prevén una tasa de dependencia (relación entre trabajadores y jubilados) que pasaría del 30% actual al 56% en 2050. Adicionalmente, la suposición de que el aumento de las pensiones o los salarios de los empleados públicos se traduzcan en su totalidad en un aumento del gasto estimulando la demanda no se sostiene con la dinámica de ahorro de este año.
En conclusión, si bien es incuestionable la oportunidad de abordar políticas expansivas de gasto que eviten en los posible la caída de la actividad económica con sus secuelas de cierre de empresas, aumento del paro y de la desigualdad, también es necesario gastar con eficiencia y equidad, y no olvidar que habrá que devolver el endeudamiento en el que el Estado está incurriendo (la deuda pública ha aumentado hasta septiembre en 120.000 millones de euros y probablemente su incremento anual supere el gasto en pensiones de todo el año). Mientras que los tipos de interés sigan en negativo, la inflación controlada y el BCE respalde la compra de bonos no hay problemas, pero la suspensión de las reglas fiscales en la UE para este año y 2021 no significa que no se mantenga activa la supervisión fiscal y que no se revierta nunca. Por ello, es aconsejable que se vaya formulando un plan de consolidación fiscal, aunque su aplicación no se inicie hasta 2023.
La generalidad de los países del mundo han abordado este tipo de políticas. El Gobierno de España así lo viene haciendo desde el decreto de estado de alarma del 14 de marzo