El decreto de ampliación de los delegados de la Junta se paraliza por divergencias
● Mientras que Elías Bendodo y Juan Marín tienen a delegados "políticos", la consejera de Igualdad y la de Cultura tendrían que optar por funcionarios para los mismos cargos
EL vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, han venido haciendo y deshaciendo en el Ejecutivo de la Junta sin mayores problemas hasta ahora, pero ha surgido una tercera en discordia, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que es uno de los referentes de la nueva dirección de Ciudadanos. Y Ruiz ha planteado una pregunta que es la que tiene paralizado el decreto de creación de nuevos delegados provinciales de la Junta de Andalucía: “¿Por qué los delegados de Igualdad o de Cultura deben ser funcionarios y los del vicepresidente no?”.
Esta duda es, en realidad, lo que motivó la polémica intervención de Rocío Ruiz ante un grupo de militantes de Ciudadanos esta semana, un foro digital en el que compareció junto a Jordi Cañas, eurodiputado y uno de los fundadores del partido. Ruiz aseguró que ella quería militantes de base como delegados provinciales. No sólo militantes, pero tampoco sólo funcionarios; en cualquier caso, personas comprometidas con el proyecto de Ciudadanos en el Gobierno. Juan Marín le replicó que va en la dirección equivocada, porque Ciudadanos apuesta por funcionarios y por "el mérito y la capacidad". Las relaciones entre ambos están muy dañadas. Ruiz ha abierto una vía preferente de comunicación con la nueva dirección de Inés Arrimadas, lo que también obliga a los negociadores del Gobierno entre ambos partidos a contar con sus opiniones.
La razón de la discordia es que el decreto de la Junta planeaba que sólo fuesen funcionarios los nuevos delegados provinciales, aquellos cuyas consejerías se desgajan. Los que ya están nombrados son cargos de confianza; por lo general, militantes del PP o de Ciudadanos. Por ejemplo: los delegados de Educación son también, ahora, los de Igualdad, lo que imposibilita el cumplimiento de todas las funciones. Si se crean ocho puestos de delegados de Igualdad, entre ellos y los de Educación debe haber un 50% que sean funcionarios, pero los de Educación ya están nombrados. En este caso, sí hay delegados de Imbroda que son funcionarios.
Otra de las consejerías castigadas sería la de Cultura, cuyos delegados también son de Fomento. Si se nombran delegados de Cultura, serán funcionarios en la medida que los de Fomento ya son cargos de libre elección.
El Gobierno de Juanma Moreno ha llegado a la conclusión de que su concentración de delegaciones provinciales como representantes de dos consejerías distintas es ineficaz, por lo que va a nombrar nuevos cargos. Como durante sus años de oposición, el PP criticó la proliferación de delegados de la Junta, lo desea hacer a coste cero, aunque eso es falaz. Como ha recordado Rocío Ruiz, que es consejera, al ser nombrada, un empleado público ha ocupado su puesto. Pero es que, además, los delegados suelen contar con secretario, un asesor de prensa y, en ocasiones, un conductor.
Durante la primera ola de la pandemia, la Junta creó 16 puestos de coordinadores provinciales, para las consejería de Medio Ambiente y para la Vicepresidencia de Juan Marín. Son coordinadores que, ahora, se convertirán en delegados, pero que no han tenido que ser funcionarios. Éste es el agravio que se está creando dentro del Gobierno.
Rocío Ruiz está liderando el proyecto autónomo de Ciudadanos, aprovecha el hueco que Marín le ha dejado al sugerir que los naranjas podían ir en coalición con el PP. Ésa es la tesis de Inés Arrimadas, que apuesta por diferenciar la marca de los populares y no convertirse en subsidiarios del partido de Pablo Casado.
Rocío Ruiz, la oposición a Marín dentro de Ciudadanos, es la que ha alzado la voz
El decreto podría crear agravios comparativos entre diferentes consejerías