La mitad de los municipios de la provincia paga sus facturas fuera del plazo legal
● Los más morosos son Nerva, que según los últimos datos de Hacienda de septiembre tarda una media de 982 días en abonar las facturas, Higuera de la Sierra (531) y Ayamonte (529)
La mitad de las corporaciones locales onubenses, concretamente un total de 41, no habían abonado hasta el pasado mes de septiembre a sus proveedores de bienes y servicios dentro del plazo máximo legal establecido, que actualmente es de 30 días tras la emisión de la factura. Así lo reflejan los datos que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda.
Un problema que lastra la situación financiera de miles de pequeñas empresas y autónomos locales, sobre todo en los actuales tiempos de crisis económica derivada de la pandemia por la Covid-19, y que podría derivar en el cierre de muchas de ellas, y por tanto en la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Según el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad - PMcM-, Antoni Cañete, en España medio millón de empresas, sobre todo pymes y autónomos, “está en riesgo de quiebra, principalmente por el retraso en os pagos, tanto por parte del sector público como del privado”.
Con el objeto de hacer una aproximación lo más ajustada posible a la gravedad del problema en la provincia de Huelva, el importe de pagos pendientes a proveedores por parte de las corporaciones locales ascendía en septiembre a 38,22 millones de euros, una cifra muy superior a la de pagos realizados en el mismo periodo, que fue de 31.19 millones de euros.
Para la directora ejecutiva de la PMcM, Pilar Ferrer, esta situación puede “afectar muy negativamente”, hasta el punto de llegar a ser un “auténtico drama” para los proveedores que dejan de cobrar, que según precisa “suelen ser sobre todo pequeñas
empresas y autónomos locales”, cuando a su juicio debería ser todo lo contrario ya que “en realidad son los Ayuntamientos los primeros que tendrían que dar ejemplo pagando dentro del plazo legal establecido a sus proveedores para inyectar liquidez en sus propios municipios”.
Con los datos del Ministerio de Hacienda sobre la mesa, el municipio onubense con un mayor periodo medio de pago a sus proveedores es Nerva, que hasta septiembre de este año tardaba en abonar las facturas a sus proveedores de bienes y servicios una media de 982 días, contabilizando pagos pendientes por importe de casi un millón de euros, concretamente 920.580.
El segundo municipio onubense con una mayor morosidad atendiendo al plazo medio de pago a sus proveedores era hasta septiembre Higuera de la Sierra (531 días), aunque con un importe de pagos pendientes muy inferior al anterior (271.490 euros).
Muy de cerca le sigue Ayamonte (529 días), aunque por el contrario con un importe de pagos
San Silvestre, Sanlúcar de Guadiana y Jabugo son las localidades sin retrasos
La legislación establece que las administraciones deben abonar antes de 30 días sus gastos
pendiente ampliamente superior que el de sus dos predecesores (3,7 millones de euros).
En el listado de municipios onubenses que hasta septiembre de este año no cumplían el plazo máximo legal establecido para el pago a sus proveedores, que recordemos es de 30 días, siguen a los anteriores Alosno (512 días y pagos pendientes por valor de 717.900 euros); Bollullos Par del Condado (461 días y pagos pendientes por valor de tres millones de euros); San Juan del Puerto (414 días y 1,6 millones de euros); Almonte (409 días y 10,9 millones de euros), la entidad local autónoma de La Redondela (400 días y 16.860 euros).
Ya por debajo de los 400 días, y también en orden decreciente por el número medio de días, sigue a los anteriores Santa Olalla del Cala (354 días y 462.390 euros); Lepe (353 días y 5,5 millones de euros) y Villalba del Alcor (303 días y 130.350 euros pendientes de pago).
Entre 200 y 300 días se sitúan solo la localidad serrana de Cortegana, que tardaba hasta el pasado mes de septiembre en abonar las facturas a sus proveedores una media de 291 días y que tiene un importe de pagos pendientes por valor de 823.630 euros.
En la franja de entre 100 y 200 días de media para el pago a proveedores había en septiembre otros siete municipios. Se trata de Trigueros, que tarda una media de 123 días y cuyo importe de pagos pendientes asciende a 162.780 euros; Isla Cristina (120 días y 1,1 millones); Lucena del Puerto (116 días y 181.570 euros); Punta Umbría (112 días y 2,4 millones); Cala (110 días y 178.660 euros) y Valverde del Camino (106 días y 322.880 euros).
Ya por debajo de los 100 días, y hasta los 30 establecidos legalmente como plazo máximo para los pagos de facturas a proveedores siguen a los anteriores en este orden Villarrasa, con una media para el abono de 69 días y un importe de pagos pendientes de 9.800 euros; Rosal de la Frontera (56 días y 25.720 euros); Cortelazor (también 56 días, pero con 2.050 euros pendientes de pago); Aracena (52 días y 125.510 euros); Cumbres de Enmedio (51 días y 5.250 euros); Manzanilla (50 días y 64.810 euros); Paterna del Campo (48 días y 302.830 euros); Cumbres Mayores (47 días y 49.820 euros); Palos de la Frontera (38 días y 272.760 euros); San Bartolomé de la Torre (32 días y 36.590 euros); Moguer (32 días y 186.240 euros) y La Palma del Condado (31 días y 91.160 euros).
LOS QUE CUMPLEN LA LEY
En el lado opuesto a los anteriores se encuentran aquellos municipios que hasta el pasado mes de septiembre sí habían cumplido el plazo de 30 días para el pago de facturas a proveedores que establece la ley, siendo los que están más al día un grupo de localidades que, según los datos del Ministerio de Hacienda, tardan una media de cero días en los abonos, además de no contar en su debe con importes pendientes de pago. Se trata concretamente de San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana y Jabugo.
Siguen a éstos -de menos a más días de media-, El Campillo, que tarda un día de media en efectuar sus pagos y que ref leja pagos pendientes por valor de 2.260 euros; Villanueva de los Cruces (1,3 días y 90 euros pendientes de pago); Paymogo (1,83 días y 100 euros); Valdelarco (2,04 días y cero euros pendientes de pago); Alájar (2,28 días y también cero euros adeudados); Beas (3,19 días y 3.640 euros); Cañaveral de León (3,59 días y 8.710 euros); Almonaster la real (4,11 días y cero euros); Puerto Moral (5,31 días y cero euros); Chucena (7,46 días y 7.150 euros); Berrocal (7,92 días y 2.970 euros); Linares de la Sierra (8.98 días y 2.230 euros); La Nava (10,45 días y 3.050 euros); Galaroza (11,07 días y 4.790 euros); Aljaraque (13,53 días y 27.570 euros); La Granada de Riotinto (14,73 días y 26.340 euros); Zufre (15,52 días y 55.600 euros); Zalamea la Real (17,66 días y 46.800 euros); Campofrío (19,48 días y 17.420 euros); Puebla de Guzmán (19,75 días y 88.040 euros); Gibraleón (20,23 días y 27.680 euros); Cabezas Rubias (20,98 días y 140 euros); Villablanca (21,26 días y 10.590 euros); Rociana del Condado (21,48 días y 72.670 euros); Bonares (22,73 días y 124.070 euros); Hinojos (24,71 días y 28.480 euros); Castaño del Robledo (24,63 días y 9.950 euros); Los Marines (24,80 euros y 9.790 euros); Arroyomolinos de León (25,44 días y 46.960 euros); Cumbres de San Bartolomé (26,05 días y 12.510 euros); Escacena del Campo (27,69 días y 930 euros); Cartaya (28,49 días y 42.040 euros) y Fuenteheridos (29,22 días y 10.950 euros).
Los datos del Ministerio de Hacienda también incluye las mancomunidades y otro tipo de administraciones locales, aunque de carácter supramunicipal, como es el caso de la Diputación Provincial de Huelva, la cual se encuentra con holgura dentro del plazo de 30 días que establece la ley ya que en septiembre tardaba una media de 14 días en efectuar los pagos a sus proveedores. Y cuyo importe de pagos pendientes era de 312.980 euros.
En cuanto a las mancomunidades, entre las que incumplen el plazo de 30 días están las de Desarrollo del Condado, que tarda una media de 73 días en abonar las facturas a sus proveedores y que tiene un importe de pagos pendientes con éstos de 9.290 euros; la Mancomunidad de Municipios Beturia (54 días y 2.550 euros); la Mancomunidad Intermunicipal de Islantilla (41 días y 109.660 euros) y finalmente la Mancomunidad Campiña-Andévalo (31,81 días y 20 euros).
Del otro lado de la balanza están la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, que tarda cero días y que contabiliza cero euros pendientes de pago; la Mancomunidad Moguer-Palos de la Frontera (13,42 días y cero euros pendientes) y finalmente la Mancomunidad Sierra Minera (13,61 días y 1.370 euros).
Se trata de una situación que, en general, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad –PMcM–, “lastra a pymes y autónomos de la provincia, especialmente en tiempos de pandemia, de crisis y de iliquidez, afectando a su solvencia y competitividad”, y que se ve agravada, según la directora ejecutiva de dicha entidad, porque a pesar de estar las administraciones públicas obligadas por ley a pagar en un plazo inferior a 30 días, y de que el incumplimiento de esta medida puede tener consecuencias, éstas se activan “en contadas ocasiones”, cuando deberían ponerse en marcha cada vez que un Ayuntamiento o cualquier otra administración pública sobrepasase varias veces el periodo máximo legal establecido.
En estos casos, añade Ferrer, las cuentas de estas entidades “pueden llegar a ser intervenidas para el establecimiento de un plan de pagos a los proveedores. Algo muy parecido a lo que ocurrió con el Plan de Pago a Proveedores que se puso en marcha hace varios años”.
SECTOR PRIVADO
En lo que respecta al sector privado, este problema podría atajarse próximamente con la puesta en marcha de un régimen sancionador que multará a las empresas morosas, una medida “imprescindible” para la PMcM en la era post-covid y cuyos trámites ya se han iniciado en el Congreso de los Diputados. Dicha medida “evitará que se rompa la cadena de pagos, velando por que las empresas abonen dentro del plazo legal (60 días), reduciendo así la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos”, y además “inyectará liquidez al sistema y mejorará la competitividad y productividad de las empresas”.
Según concluye Ferrer “es muy importante para muchas empresas el establecimiento de este mecanismo legal, sobre todo por el efecto ejemplarizante que tendrá entre las empresas morosas”.