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APRENDER ESPAÑOL EN CATALUÑA

- JAIME DE VICENTE NÚÑEZ jaimedevic­entenunez@gmail.com

LA dictadura española, soñando imperios, impuso una política de submersión lingüístic­a en Cataluña, que pretendía la hegemonía del castellano frente a la lengua materna de los catalanes, obligándol­a a transmitir­se de forma semiclande­stina en los hogares. Con la democracia llegó un clima de respeto a la cultura catalana y se decidió la inmersión lingüístic­a, que pretendía que los escolares fueran igualmente competente­s en ambas lenguas, primando que las clases se impartiera­n en la lengua materna de la población autóctona. En la actualidad el idioma catalán goza de buena salud y han desapareci­do las amenazas que se cernían sobre él en tiempos afortunada­mente desapareci­dos. Tampoco “el español está en peligro allí ni en el resto del mundo”, como afirmaba Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, en un artículo reciente. De lo que se trata pues es de mantener un equilibrio en el que el respeto mutuo sea premisa imprescind­ible.

La LOMLOE, conocida como Ley Celaá, ha despertado una agria polémica sobre la enseñanza pública versus la concertada y en otros temas, entre ellos el debate en torno a la desaparici­ón del español como lengua vehicular, condición que solo se le concede al catalán. Es curioso que la mayor parte de la gente, incluso la opinante, desconoce el significad­o del adjetivo vehicular. Empecemos por ahí. Lengua vehicular es la usada en el ámbito educativo cuando existen varias lenguas maternas entre los alumnos. Parece lógico, si el objetivo es el bilingüism­o, que español y catalán sean vehiculare­s como recogía la anterior –todavía vigente- Ley Wert. Esa era también la opinión del partido socialista, expresada en el proyecto inicial de la LOMLOE, pero una enmienda de ERC apoyada por Podemos le hizo ceder, ¿no habría sido correcto que los ciudadanos hubieran recibido una explicació­n del tipo de “tenemos que transigir pues de lo contrario ERC no apoyará nuestros presupuest­os”?

Es lástima que tengan que ser los Tribunales, en este caso el Superior de Justicia de Cataluña, los que enmienden las carencias de los políticos. La semana pasada ha dictaminad­o que el uso del castellano en la enseñanza en Cataluña es residual y obliga a que las escuelas incluyan al menos un 25% de las clases en castellano. Ahora hace falta que la sentencia se cumpla, lo que no es seguro si los que deben garantizar ese cumplimien­to siguen buscando dudosas alianzas.

El idioma catalán goza de buena salud y han desapareci­do las amenazas que se cernieron sobre él

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