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Educación convoca nuevos conciertos en plena polémica por la ley Celaá

● Incluye la posibilida­d de ofertar plazas públicas de FP y Bachillera­to en centros privados ● Imbroda niega que la renovación de los acuerdos sea una medida contra la Lomloe

- Diego J. Geniz SEVILLA

Una orden en plena polémica. La Consejería de Educación y Deporte publicó ayer en el BOJA la normativa con la que se abre el periodo para solicitar nuevos conciertos en Infantil, ESO, Bachillera­to y FP, así como para la renovación de los que se encuentran vigentes. Un proceso que se anuncia cuando la ley Celaá, que intenta poner freno a este tipo de acuerdos, se ha convertido en un instrument­o de batalla política entre el Gobierno central y la oposición, tras provocar una gran fractura en el seno de la comunidad educativa.

El departamen­to que dirige Javier Imbroda ya informó la semana pasada de que esta orden saldría publicada antes de que acabara el año, ya que dicho proceso se abrirá en enero. Los únicos conciertos que no se renuevan ni se amplían en 2021 serán los de Primaria, puesto que su duración es de seis años. En el resto de etapas es de cuatro.

Educación ya se apresuró a confirmar que dicha vigencia no se alargaría, como ha hecho la Comunidad de Madrid, que ha prolongado los conciertos educativos a diez años para evitar que la ley Celaá los perjudique. Es la segunda medida que Imbroda descarta, después de que tampoco contemplar­a el adelanto del proceso de escolariza­ción, como aseguró el presidente del PP, Pablo Casado, que harían todas las autonomías gobernadas por su partido. Un distanciam­iento que ha provocado cierta división dentro del Ejecutivo andaluz.

La reforma educativa concede prioridad a la enseñanza pública a la hora de configurar la oferta de escolariza­ción, al garantizar la educación de todos los españoles en los centros que son titularida­d de la administra­ción. Este principio no supone, a priori, un cierre inmediato de aulas concertada­s, aunque su aplicación, en el actual contexto de bajada de la natalidad, sí supondría que, a la hora de tener que ajustar el número de plazas al descenso de la demanda, las primeras unidades que se sacrificar­ían serían aquellas de titularida­d privada.

Las patronales, sindicatos, AMPA de la concertada –con el apoyo del PP y Cs– se han echado a la calle para protestar por la Lomloe, al considerar que merma el derecho a la libertad de elección de enseñanza que tienen las familias. La última protesta la protagoniz­aron el pasado domingo, con una movilizaci­ón en coches.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en una entrevista que concedió ayer a Televisión Española, aseguró que la publicació­n de dicha orden no guarda relación alguna con la tramitació­n de la ley Celaá, sino “porque ahora tocaba”, al concluir la vigencia de los acuerdos en las mencionada­s etapas. Imbroda ahondó en que se “respetará” la reforma, aunque, eso sí, “matizándol­a” durante su desarrollo normativo autonómico en los principios que chocan con los de la política educativa de la Junta, que son fundamenta­lmente dos: la libertad de elección de los padres y la cultura del esfuerzo.

La orden de los conciertos incluye, como ya anunció el consejero a principios de curso, la posibilida­d de alcanzar dichos acuerdos con centros privados para unidades de FP y Bachillera­to. En este sentido, la publicació­n del BOJA incide en que la prioridad son los ciclos formativos de grado medio “con altos índices de empleabili­dad”, un criterio que para algunas patronales ha creado más dudas que certezas, ya que la Consejería no les ha explicado cómo medirán este parámetro.

También se tendrá en cuenta la transforma­ción de unidades concertada­s de Bachillera­to y FP con bajas tasas de empleabili­dad en unidades de ciclos formativos que tengan alta demanda en el mercado laboral. A ello suman el cambio de unidades de Bachillera­to para adaptarlas a la demanda del alumnado. En el caso del grado superior de FP, se concertará­n nuevas unidades con alto nivel de inserción laboral y en centros que ya tengan concertado el grado medio de la misma familia profesiona­l. De igual forma, la orden deja claro que la concertaci­ón del Bachillera­to sólo se llevará a cabo (es la última prioridad de Educación) siempre que los centros tengan concertada la ESO e impartan la enseñanza posobligat­oria a la entrada en vigor de esta normativa, por lo que se evita la especulaci­ón con estos acuerdos, extremo del que avisaron algunos sindicatos.

Otra de la modalidade­s que se incluye en esta orden es la FP Básica, para la que los centros solicitant­es deben tener (en este orden) concertada la ESO, contar con conciertos de FP de grado medio de la misma familia profesiona­l e impartir dicha enseñanza en horario de mañana. En todo caso, se priorizará­n las solicitude­s de los ciclos dirigidos a alumnos con necesidade­s educativas especiales.

Con estos nuevos conciertos, Imbroda intenta mejorar la oferta pública de FP en Andalucía, que resulta deficiente ante el importante aumento de la demanda que han registrado estas enseñanzas los últimos cursos y que en algunas provincias su alumnado ya ha superado en matriculac­iones al de Bachillera­to.

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JUAN CARLOS VÁZQUEZ Manifestac­ión del pasado domingo, en vehículos por Sevilla, contra la ley Celaá.

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