El no a la presencia policial de España impide que Gibraltar sea zona Schengen
● El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza que el puerto y el aeropuerto de la colonia británica queden bajo la custodia de Frontex, como propone Londres como alternativa
El acuerdo comercial cerrado en las horas previas a la pasada Nochebuena por la Unión Europea y Reino Unido despeja el camino para el establecimiento de un nuevo marco de relaciones sobre Gibraltar entre los gobiernos español y británico. Gracias a ese pacto, las negociaciones que ambos estados vienen manteniendo sobre el encaje de la colonia en el marco europeo han encontrado una guía para su desarrollo.
Uno de los aspectos cruciales de ese diálogo es cómo y dónde se establecerá en un futuro inmediato la frontera exterior de la UE. La salida efectiva de Reino Unido del club de los 27 a partir del próximo 1 de enero convertirá La Línea de la Concepción en el último territorio de la Unión Europea al sur del continente a todos los efectos, con un control fronterizo que requerirá de pasaporte para ser cruzada. De ese requisito y gracias al acuerdo ya alcanzado al respecto, tan sólo quedarán excluidos por razones de operatividad y agilidad en el paso los alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos que residen en España y que trabajan en la Roca.
¿Se puede ir a más? Para el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, sí. Suya es la propuesta de hacer extensivo el territorio Schengen al conjunto del Peñón, lo que implicaría la supresión de la frontera de su ubicación en La Línea y su desplazamiento hasta el puerto y el aeropuerto gibraltareños al ser las dos únicas vías de entrada a la Roca desde fuera de la UE.
La iniciativa de Picardo ha encontrado eco en el Gobierno de Pedro Sánchez bajo el criterio de que la libertad de movimientos de los habitantes del Campo de Gibraltar y de Gibraltar contribuiría a generar entre ambos lo que se ha venido a llamar “zona de prosperidad compartida”, en palabras de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Obviamente, España pone sus condiciones.
El acuerdo de Schengen implica la supresión de las fronteras interiores entre los estados incluidos en el mismo, una situación a la que están acogidos 22 de los países miembros de la UE y algunos asociados. Todos ellos se hacen cargo del control de sus fronteras exteriores, un compromiso que en el caso de Gibraltar es de una complejidad extrema puesto que el Reino Unido no pertenece a Schengen.
España, según fuentes diplomáticas, está dispuesta a aceptar la supresión de la Verja y a que la nueva frontera exterior de la UE pase a estar de forma efectiva en el puerto y en el aeropuerto del Peñón, pero siempre y cuando el control aduanero de ambos espacios se lleve a cabo conjuntamente por fuerzas policiales de España y el Reino Unido.
La respuesta obtenida desde Londres ha sido negativa, según informan las mismas fuentes, principalmente porque considera que España trata con ello de reafirmar y hacer valer su demanda de soberanía sobre Gibraltar. No en vano la presencia de agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Aduanas en el Peñón implicaría el regreso a la colonia de autoridades españolas por vez primera desde que la roca fue invadida el 4 de agosto de 1704 por tropas anglo-holandesas.
La alternativa del Reino Unido es que el puerto y el aeropuerto llanitos sean controlados por Frontex, la agencia europea de control de fronteras, es una posibilidad a la que se niega España en redondo con un doble argu
mento: ese organismo no controla por sí solo ninguna frontera europea –siempre lo hace como apoyo a algún país, como es el caso español con la Operación Paso del Estrecho– y todas las fronteras exteriores de la UE quedan bajo responsabilidad de uno de sus estados miembros, que en este caso debe ser España.
El acuerdo entre España y Reino Unido es sumamente complejo no sólo por temas como el paso de la Verja o la localización de la frontera exterior, sino también por otros asuntos de primer nivel también pendientes, según subrayan las mismas fuentes. Entre ellos, el retraso de Reino Unido a la hora de ratificar el Tratado Fiscal acordado con España, las diferencias que ambos gobiernos mantienen respecto a la trazabilidad de tabaco que importa Gibraltar –y que en su inmensa mayoría acaba entrando de contrabando en España– o asuntos medioambientales relativos al tratamiento de residuos en el Peñón.
La extensión del espacio Schengen contribuye a la llamada “zona de prosperidad compartida”
La presencia de agentes supondría el regreso de autoridades españolas desde 1704