Gibraltar a examen
La entente alcanzada por Londres y Madrid para evitar una frontera dura en la Roca debe refrendarla la UE por su papel en el control exterior
EL último día del año 2020 la noticia más aplaudida fue el acuerdo al que han llegado España y Reino Unido en relación con Gibraltar. Ha llenado de regocijo tanto a la comunidad española, sobre todo campogibraltareña, como a los propios llanitos, lo que, en sí mismo, sí que es una novedad.
Ahora bien, cuando haga la reentrée en la Facultad de Derecho, en mi asignatura de Derecho de los Tratados, del Máster de Derecho Público, mis alumnos querrán saber un poco más, en perspectiva jurídica, sobre tal acuerdo. Ello requiere una visión desapasionada y serena de la situación.
Gibraltar, como el resto del territorio metropolitano del Reino Unido, incluyendo Irlanda del Norte, formaba parte de la Unión Europea desde 1973. A Gibraltar se le aplicaba el Acuerdo de Adhesión del Reino Unido con ciertas singularidades, que España no pudo objetar en su Tratado de Adhesión de 1985.
A partir del 1 de enero de 2021, tras la finalización del periodo transitorio del acuerdo de retirada del Reino Unido y el acuerdo, de última hora, sobre las relaciones futuras entre el Reino Unido y la UE, Gibraltar sale definitivamente del territorio de la UE.
España, en el acuerdo de retirada queda como la garante de cualquier acuerdo futuro en relación con Gibraltar. Por ello se hace imprescindible un acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, que fuera ya de la UE quedaría en una situación dramática.
Este es el principio de acuerdo al que hacen referencia, tanto la ministra Arancha González Laya como el ministro principal de Gibraltar Fabian Picardo. Desde el punto de vista jurídico, desde luego, no es más que una declaración de intenciones que, además, no dispone de un texto escrito formal que se haya dado a conocer públicamente. Picardo lo llamó en su comparecencia “potential agreement”, lo que es muy generoso por su parte. Ni siquiera llega a memorándum de entendimiento, que es lo mínimo.
Para llegar a un acuerdo vinculante jurídicamente se necesita a la UE. Ello es así porque el control de las fronteras exteriores es una competencia compartida entre los Estados y la UE. Ello precisa un proceso de negociación, elaboración, autenticación, firma y ratificación, por parte de la UE y por parte de todos los Estados, según sus procesos constitucionales o legales.
Curiosamente, a pesar de la informalidad del acuerdo, si se ha procedido a una aplicación provisional desde las 00:00 del día 1 de enero de 2021, lo que de haber sido un tratado internacional, el Derecho Internacional prevé. En realidad, lo que se ha producido en la práctica es una extensión del periodo transitorio, con los mismos procedimientos, con la excepción del control de pasaporte para los ciudadanos extracomunitarios, que ya se regulaba, pero que no alcanzaba a los ciudadanos británicos. Todo ello, con el concurso de la UE.
Tenemos por delante cuatro meses para la negociación definitiva entre el Reino Unido y la UE pero, lo cualitativo es que hay acuerdo entre España y Reino Unido en lo más difícil, en el control migratorio de los dos únicos puntos de entrada y salida que quedarían en Gibraltar, el aeropuerto y el puerto. Reino Unido ha conseguido lograr su satisfacción de que ese control migratorio no lo realice la Policía española y España que no lo realice la policía gibraltareña. Han convenido en que sea Frontex, a través de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, cuerpo recientemente creado por la UE, como el agente físico del control migratorio. Ahora bien, España debe ser la autoridad estatal, aunque sea en remoto, a través de los sistemas informáticos, que autorice o no el cruce de fronteras, de acuerdo con las normas europeas.
Como afecta a la movilidad de las personas, este principio de acuerdo ha sido muy celebrado, sin embargo, ahora queda también la movilidad de las mercancías, sobre lo que habrá que llegar a otros consensos.
Si todo esto llega a buen puerto, en 2021 podríamos ver el desmantelamiento definitivo del control fronterizo de la Verja. Esto nos acercará más a esa prosperidad compartida que tanto González Laya como Picardo tanto han defendido, que es el único camino para el desarrollo armónico entre los gibraltareños del Norte y los gibraltareños del Sur. Es la primera esperanza de 2021, un año que tanto se desea que, por fin, sea juicioso y bondadoso.
Si el acuerdo llega a buen puerto podríamos ver la eliminación definitiva de la Verja
3 Pablo Antonio Fernández
Sánchez es catedrático de Derecho Internacional Público Y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla