La pandemia congestiona los juzgados onubenses
● El año estuvo marcado por el incremento de la pendencia tras el confinamiento ● Entre las novedades, el traslado de la sede de los Contenciosos y la puesta en marcha del Familia 2
Los juzgados onubenses no salieron indemnes del frenazo que se vio obligada a dar la Justicia en el segundo trimestre de 2020, con la irrupción de la pandemia de la Covid-19 y el decreto gubernamental del estado de alarma que lo paralizó todo. Así lo constataron los datos provinciales de los Informes por territorios sobre la actividad de los órganos judiciales, una completa estadística trimestral publicada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la que se desprendía que los asuntos abiertos en los 42 órganos de la provincia se elevaron a 41.400 el 30 de junio pasado, una pendencia un 9% superior a la del mismo plazo de 2019.
Fuentes judiciales indicaron entonces a este rotativo que “en marzo se cortó todo y hasta el 4 de junio no se movió prácticamente nada”, a excepción de las tramitaciones más “urgentes e inaplazables, como las de los juzgados de guardia, las causas con presos, los juzgados de Violencia o de Menores, o algún asunto muy concreto en lo Social o los Contenciosos”.
Casi 3.000 procedimientos irresolutos acumularon las jurisdicciones judiciales de la provincia entre el 1 de abril y el 30 de junio. Los ingresados llegaron a caer un 29,4% por la situación sanitaria, situándose en 12.243, pero el confinamiento y la suspensión de los plazos también redujo drásticamente la capacidad de jueces y magistrados para resolverlos, concretamente un 45,5%, pasando de 17.029 resoluciones en el segundo trimestre del año pasado a las 9.289 de este.
Seis de cada diez asuntos por resolver al final del lapso analizado en el territorio onubense correspondieron al orden civil, 25.050 en total que fueron una media de 1.002 expedientes por cada uno de los 25 juzgados con competencias en esta jurisdicción.
La clave estuvo en que prácticamente en todos los órganos se desplomó la entrada de asuntos, pero la notable merma de la capacidad de resolución de los mismos disparó la pendencia y agravó la tasa de congestión, que en el caso de los juzgados civiles fue del 108,7%.
Pero si hay un orden que preocupa en Huelva, ese es el Social, que se ocupa de los asuntos laborales. El módulo de entrada de asuntos referencial del CGPJ para estos órganos es de 800 al año por juzgado. Los tres onubenses, sin embargo, ingresaron 695 solo en el segundo trimestre y pese al confinamiento; eso sí, fueron el 35,2% menos que un año antes. Su tasa de congestión es del 181,9%, la más alta de todas las jurisdicciones.
Existe, pues, un “atasco fuerte” que está llevando el señalamiento de juicios “a 2022”. Y la situación se agravará “con los ERTE, los impagos, el desempleo”. El orden laboral se encomienda a la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Social 4 de Huelva, ya previsto pero que todavía no está en marcha, para mejorar su situación en 2021.
PLAN DE CHOQUE
La Consejería de Justicia anunció en octubre un “plan de choque” para las distintas sedes judiciales onubenses, encaminado a hacer frente a la “avalancha” de procedimientos generados por la actual crisis derivada de la pandemia de la Covid-19, así como a la “parálisis” en la tramitación de casos.
Este plan se aplica con medidas de “autorefuerzo”, que solo afectan a los juzgados de la capital, donde se prolonga la jornada laboral tres horas durante tres tardes a la semana a un total de 61 funcionarios que ya se encuentran trabajando en los juzgados de lo Penal, Instancia y Familia.
La segunda estrategia se centra en la llegada a los juzgados mixtos de la provincia de siete nuevos funcionarios de refuerzo: tres para los juzgados 2, 3 y 4 de Ayamonte; dos para los 1 y 2 de La Palma del Condado, uno para el 1 de Valverde del Camino y otro para el 1 de Moguer.
FAMILIA 2 Y DISPERSIÓN DE LOS CONTENCIOSOS
El 3 de noviembre entró en funcionamiento el nuevo Juzgado de Primera Instancia número 9 de Huelva, que en realidad es el Juzgado de Familia 2 de Huelva. Su activación era una medida muy esperada entre los juristas
onubenses y se retrasó también debido a la pandemia.
En julio asistimos a la inauguración de la nueva sede de los tres órganos de lo ContenciosoAdministrativo onubenses, ahora en la calle Aragón, lo que de nuevo contribuye a la dispersión de los juzgados de la capital.
ARCHIVO DE DELITOS LEVES EN MENORES
La Delegación de Menores de la Fiscalía de Huelva viene denunciando desde hace años las limitaciones de la sede judicial del Matadero. Pero con la pandemia se agravó tanto la situación que los expedientes de delitos leves se empezaron a archivar de forma masiva e irremediable. En octubre ya eran unos 40, pero el fiscal de Menores, Alberto Campomanes, preveía que la cifra se duplicara al finalizar 2020.
Como motivos, apuntaba a que “no tenemos espacio suficiente para tomar declaraciones, incluso tenemos un fiscal que se desplaza en silla de ruedas y no puede moverse por todas estas instalaciones”.
Es más, en el local que comparten el Juzgado y la Fiscalía de Menores se mezclan “en un pasillito muy pequeño” allegados de una y otra parte porque “no tenemos lugar para separar a la gente”.
La reducción de aforo y la necesidad de guardar las distancias llevó a la Delegación Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía a determinar que “únicamente la sala de vistas y otra salita más que tenemos son aceptables para que recibamos al público, siempre previa cita”. Estos dos espacios deben ser compartidos por el personal del propio juzgado, por los dos equipos técnicos y por los cuatro fiscales de Menores. Y el problema es que “las citaciones se nos están alargando y alejando en el tiempo muchísimo y, según la Ley del Menor, los delitos leves solo tienen un plazo de prescripción de tres meses”.