Procesan al ex secretario general de UGT-A por el ERE de 35 millones a Altadis
● El juez acuerda seguir la causa contra ocho investigados, entre ellos, ex altos cargos de Empleo y de la agencia IDEA
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha procesado al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por las ayudas de 35.400.789,37 euros concedidas entre los años 2004 y 2010 por la Dirección General de Trabajo a la empresa tabaquera Altadis, una de las más de un centenar de piezas de los ERE que siguen actualmente en instrucción.
En un auto del 23 de diciembre, el magistrado acordó transformar las diligencias previas por esta pieza de los ERE en un procedimiento abreviado que se dirige contra ocho investigados. Además del ex secretario general de UGT-A, el instructor ha procesado al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera; al ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde; a Blanca Uruñuela Aguado, también de UGT y que en su día fue miembro de la ejecutiva federal; al que fue secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Antonio Perianes Pedrero; a Francisco Figueroa Alcarazo, secretario de acción sindical de la unión provincial de CCOO de Sevilla; a José Luis Relea Laso, director de Recursos Humanos de Altadis; y al ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz.
En el auto, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que, en veinte días, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de más diligencias indispensables para formular acusación.
El juez concreta que el objeto de esta pieza separada lo constituye “la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales concedidas” por la Dirección General de Trabajo de la Junta a la empresa Altadis S.A. entre 2004 y 2010, periodo en el que “habrían sido concedidas de manera ilícita y arbitraria dichas ayudas por importe de, al menos, 35.400.789,37 euros”.
El juez pone de manifiesto que, de lo actuado, “se deduce que las ayudas concedidas carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad”, a lo que suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo “sin competencia para ello, sin resolución justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (...), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos”.
Prosigue Vilaplana que “la selección de las entidades aseguradora y mediadora se habría llevado a cabo de forma arbitraria y sin observancia de procedimiento administrativo alguno”.