LA FACTURA DE LA LUZ
NI el Gobierno ha subido el precio de la luz, como dicen en Vox, ni hizo que bajase un 40% durante 2020, como han dicho algunos ministros. Todos parecen dispuestos a beneficiarse de la complejidad del mercado eléctrico para envenenar sus dardos contra el oponente, mientras al consumidor se le dispara el precio de la energía en plena ola de frío. En efecto, un mercado ya de por sí complejo, pero que en realidad sólo fija la tercera parte del precio que finalmente paga el consumidor, porque el resto son dentelladas en la factura de un producto, el kilovatio, que además está sometido, en parte, a regulación gubernamental.
Para simplificarlo dejemos aparte la tarifa fija (precio único acordado entre suministrador y cliente) y centrémonos en la regulada, a la que sólo pueden acceder pequeños consumidores. Para fijar su cuantía, productores y distribuidores de electricidad acuden diariamente al mercado mayorista, donde se ordenan las ofertas por nivel de precio y se acepta como único el de la que permite cubrir la demanda de los operadores minoristas.
Hasta aquí funciona el mercado, porque el precio que paga el consumidor se multiplica aproximadamente por tres debido a los impuestos (26%) y a los costes de distribución y otros peajes. Ente ellos, las compensaciones por el coste de la electricidad en Baleares y Canarias, a la que todos contribuimos de forma solidaria, y por la moratoria nuclear, así como las subvenciones a las renovables. También están el peaje de los “costes de transición a la competencia” a raíz de la privatización de 1998, aunque la competencia no se vea por ninguna parte, ni se haya explicado suficientemente por qué los consumidores, en lugar de las eléctricas, llevan dos décadas soportándolos, y el famoso déficit de tarifa. En 2020 se estima en torno a los 1.500 millones de euros y representa la diferencia entre el precio del kilovatio y el coste de producirlo, según acuerda el regulador (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) con las propias eléctricas.
Una característica del sector es que los costes fijos de producción son muy importantes, mientras que los variables o prácticamente no existen (hidráulica, nuclear y renovables) o son reducidos (térmica). Las empresas han de ser muy grandes, y por lo tanto muy pocas, para ser competitivas y conseguir costes medios reducidos. En la práctica, un oligopolio natural que justifica la existencia de un regulador que defienda el interés de los consumidores (un precio final reducido), pero garantizando la viabilidad económica de los operadores. Si la electricidad en España está entre las más caras de Europa y las eléctricas españolas entre las más grandes y rentables, habría que convenir el regulador español estaría haciendo muy bien una parte de su trabajo, pero muy mal la otra. Podemos imaginar la dificultad de trabajar con la información de costes que proporcionan, y por tanto controlan, las propias compañías eléctricas, pero, por otro lado, hay que admitir que de una subasta en la que participan como minoristas las mismas empresas que, en buena medida, acuden como productoras, difícilmente puede salir un precio aproximado al que se fijaría en competencia.