ANTE EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA
LAS elecciones catalanas del pasado día 14 de febrero pueden ser una oportunidad perdida para alcanzar un gran acuerdo entre los catalanes, abordar su autogobierno y garantizar una financiación justa en un marco de solidaridad estatal. Los hechos recientes –la elección de la Mesa del Parlament así como los contactos para formar el Gobierno de la Generalitat– parecen indicar que asistimos a la repetición de una “historia” ya conocida.
Tengamos en cuenta los resultados electorales; por una parte, la baja participación de los catalanes en la elecciones (53,5%), seguramente debida a la pandemia, pero también al hartazgo ciudadano por la situación vivida en los años anteriores; y por otra, el mayor respaldo a los partidos que asumieron la apuesta por el diálogo para desjudicializar el problema catalán y situarlo en un contexto diferente (el Partido Socialista de Cataluña resultó vencedor en las elecciones, mientras que Esquerra Republicana de Cataluña logró la primacía en el campo independentista). Los resultados pusieron de manifiesto el cansancio de muchos catalanes. Desde la presidencia de Puigdemont y después con Torra, la política de la Generalitat, basada en el enfrentamiento con el Gobierno de España, condujo al gran fracaso del proyecto independentista y de la gestión en el ámbito económico y social. Al camino unilateral e ilegal hacia la independencia se unió una gestión incompetente de la pandemia, el aumento de las desigualdades y la incertidumbre ante el futuro. Hoy Cataluña no es sólo una sociedad profundamente dividida, sino que ostenta la deuda más alta de todas las comunidades autónomas (19.429 millones de euros) y su PIB per cápita se situaba, por primera vez, por debajo de la media de la UE.
Durante la campaña electoral, antes de los vetos a los pactos con el PSC, los resultados electorales que señalaban las encuestas, favorables al PSC y ERC, hacían pensar en posibles cambios estratégicos para superar la situación anterior, establecer nuevas prioridades en la acción del gobierno y abandonar la vía ilegal hacia el independentismo. Pudimos pensar, quizás ingenuamente, en una reformulacion de políticas y alianzas; en una “estrategia compartida” como la que en el Congreso dio lugar a la creación de una mesa de dialogo entre el Gobierno de España y la Generalitat. Después de las elecciones, las declaraciones y los contactos de sus lideres parecen indicar que ERC y JperCAT se encaminan a un segundo Gobierno independentista con los mismos mimbres que el anterior: formula agotada y condenada nuevamente al fracaso. Cuando la nueva presidenta del Parlament declaró que “esta legislatura tiene que ser el punto de inf lexión en el camino hacia la independencia”, el partido de Puigdemont anunciaba el pulso independentista con el Estado y su resistencia a la vía del dialogo político con el Gobierno de España. Es cierto, que las negociaciones para la formación del Gobierno pueden fracasar, son posibles otras opciones y, aunque los partidos independentistas se juegan mucho en el envite, no hay que descartar la convocatoria de nuevas elecciones .
No tengo la osadía de proponer cualquier formula de pacto o gobierno. Pero sí me atrevo a señalar que después del 14F existen elementos positivos para afrontar la situación de Cataluña. El PSC es la primera fuerza política que ve reforzada su centralidad en la sociedad catalana y que, con una defensa inequívoca de la Constitución, representa la mejor garantía frente a la aventura independentista. Es cierto que ERC no va a renunciar a su aspiración por la independencia, pero también debe ser consciente que la política catalana no puede girar sólo en torno al eje independentista.
Cataluña ha perdido varios años y hay cansancio por la inestabilidad y la paralización económica provocada por el disparatado proceso político. La recuperación económica, la gestión de los fondos europeos, exige estabilidad política, y la responsabilidad de un Gobierno es proporcionar ser vicios públicos, empleo y bienestar a los ciudadanos. Este debería ser el eje referente de la acción de gobierno en Cataluña. En definitiva, una política transversal que persiga estos objetivos y tenga en cuenta a la totalidad de los catalanes. Ello requiere, directa o indirectamente, partidos responsables. Y el PSC lo es.
Hoy Cataluña no es sólo una sociedad profundamente dividida, sino que ostenta la deuda más alta de todas las comunidades autónomas (19.429 millones de euros)