Detienen a 57 personas por extorsionar a usuarios de web de servicios sexuales
El grupo criminal, al que se le imputan 243 delitos de amenazas, solicitaba a sus víctimas cantidades entre los 100 y los 80.000 euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 57 personas en varias ciudades españolas, entre ellas Málaga, las cuales, a través de una aplicación de mensajería y mediante llamadas telefónicas, extorsionaban a usuarios de webs de ser vicios sexuales, según ha informado la Dirección General de Policía. El grupo criminal, al que se le imputa un total de 243 delitos de amenazas condicionales con ánimo de lucro, solicitaba a sus víctimas cantidades que oscilaban entre los 100 y los 80.000 euros, llegando a obtener cerca de 650.000 euros con sus actividades ilícitas. Operaban en todo el territorio nacional, aunque sus máximos responsables se encontraban en Madrid, Málaga y Valencia.
El modus operandi de este grupo delictivo consistía en insertar anuncios falsos en páginas webs de contactos sexuales. Las víctimas contactaban a través de una aplicación de mensajería instantánea y, pasado unos días, el supuesto responsable de la casa de citas volvía a contactar con los usuarios, recriminándoles que no hubieran acudido a la cita con las chicas y exigiéndole el dinero por el tiempo perdido.
Mediante intimidaciones y amenazas, las víctimas pagaban el dinero que se les exigía creyendo que, con ello, pondrían fin a la situación. Sin embargo, posteriormente volvían a recibir amenazas con el objetivo de que pagaran más dinero, repitiéndose este proceso hasta que, finalmente, interponían una denuncia e ignoraban las llamadas y los mensajes.
Las declaraciones prestadas por las personas implicadas en los hechos han permitido conocer el férreo control que ejercían los responsables del grupo sobre los demás escalones de la trama, no dudando en intimidarles si resultaba necesario para conseguir sus fines lucrativos. Los principales responsables son personas de origen africano y de la República Dominicana. El resto eran, en su mayoría, españoles residentes en la provincia de Valencia, donde se llevó a cabo la mayor parte de las detenciones, seguida de las ciudades de Madrid y Málaga.
Algunos de los detenidos tenían antecedentes policiales por delitos contra las personas y contaban con requisitorias judiciales o policiales por hechos similares. En los registros domiciliarios se les ha intervenido material informático y de telefonía, lo que ha servido para esclarecer más hechos. El análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos permitió a los agentes la identificación de numerosas víctimas, con quienes se contactó para que denunciaran los hechos y para informarles de la detención de estas personas.
Los máximos responsables se encontraban en Madrid, Málaga y Valencia