La Fiscalía se opone a que se impute a la mujer y a la hija de Serrano por alzamiento
Considera “prematuro” investigar a los familiares cuando el ex líder de Vox no ha declarado todavía
La Fiscalía de Sevilla se opone a que se impute a la mujer y a la hija del ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, por presunto alzamiento de bienes en relación con la causa en la que se le investiga por un presunto fraude de subvenciones, tras recibir una ayuda de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria para construir una fábrica de pellets en Niebla.
En un escrito en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, el Ministerio Público se opone a la imputación de los familiares, que fue solicitada por las acusaciones populares que ejercen el secretario general de Facua Rubén Sánchez y Podemos, al estimar que la citación de la mujer y de la hija es “prematura”, dado que por el momento ni se ha practicado la declaración judicial del ex líder de Vox –que declarará en mayo–, por lo que aún no se ha determinado el grado de participación y conocimiento que Serrano tiene de los hechos, según han explicado a este medio fuentes del caso. Serrano asegura que fue víctima de un engaño de sus ex socios, a los que ha denunciado.
La Fiscalía considera que el delito de alzamiento no tiene por qué estar en conexión con el fraude de subvenciones, dado que los familiares serían cooperadores necesarios del delito –en el supuesto que se acreditase el alzamiento– y este otro delito podría incluso ser investigado en otra causa distinta. Por ello, el Ministerio Público concluye que “a priori” y sin perjuicio del avance de las pesquisas judiciales, los indicios “no son suficientes” para citar como investigadas a la mujer y a la hija de Francisco Serrano, sobre todo teniendo en cuenta que la disolución de la sociedad de gananciales se produjo en marzo de 2017 y la subvención del programa para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) del Ministerio de Industría, estaba aún dentro del plazo de 18 meses para ejecutar el proyecto. La liquidación de la sociedad de gananciales del matrimonio, prosigue el Ministerio Público, no supuso la despatrimonialización de Serrano, que se quedó con el usufructo de los bienes.
En cualquier caso, la Fiscalía sostiene que el delito de fraude de subvenciones que se investiga en este proceso está “acreditado”, porque la maquinaria necesaria para el proyecto no estaba disponible cuando se solicitó la subvención, al tiempo que se realizó una ampliación de capital de forma “ficticia”, elementos que ya ha ido apuntado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).