Sindicatos, padres y profesores critican la reducción de unidades
● Marea Verde inicia movilizaciones y Educación dice que aún son previsiones
El proceso de escolarización para el próximo año y las primeras previsiones en relación a a la supresión de unidades escolares en los centros públicos de Huelva ha suscitado las críticas de los profesores, representados en la Junta de Personal Docente de la Delegación, los sindicatos y las Ampas de los centros afectados. Marea Verde organizó ayer una concentración frente al IES San Sebastián de la capital como protesta por la supresión de líneas en los centros públicos. Esta convocatoria está apoyada por el sindicato Ustea y las Ampas de algunos centros, como el CEIP Prácticas y San Fernando, entre otras organizaciones. Cada uno de estos dos centros de la capital perdería el próximo curso una línea.
Los datos recabados por la Junta de Personal Docente de Huelva indican que la oferta de plazas para el próximo curso supone la supresión de 28 unidades en las etapas de Infantil y Primaria y 18 en Secundaria en los centros públicos de la provincia. Los representantes de los profesores consideran que la bajada de la natalidad, uno de los motivos que se esgrimen para reducir las plazas, supone una oportunidad para bajar las ratios y dotar así de mayor calidad a la escuela pública. Por tanto, se oponen a que ese mismo argumento provoque lo contrario, es decir, la reducción de las plazas públicas.
La Administración mantiene que el proceso está en curso y que la asignación que se ha hecho hasta ahora no es la definitiva. En este sentido, fuentes de la Delegación informan de que “después de recibir las solicitudes” se suman “todas las que sean necesarias para la total escolarización de los niños, y las suma allí donde haya más demanda”. En base a esto, sostienen que “el objetivo de la planificación es adecuarse lo mejor posible a la demanda de las familias, por eso se ajustan las unidades después de las solicitudes y no antes”. Además, hacen un llamamiento a que ninguna familia debe dejar de poner en primera opción el centro que más le guste porque la asignación actual es “sólo un punto de partida, no un tope”.
Precisamente la existencia de este punto de partida, es decir, una primera proyección del número de unidades que se estima necesario para cada centro –con el censo como base–, es una de las claves del malestar generado porque la enseñanza concertada no está sometida a él. Los conciertos han sido renovados y si su oferta de plazas no se cubriera, también sufrirían la supresión de unidades, pero parten con su oferta. Jesús Prieto, representante del sindicato ANPE en Huelva, defiende que “ofertando las mismas unidades se bajaría la ratio y así preservamos la pública, le daríamos un valor añadido”. Prieto recuerda además que “la concertada es subsidiaria de la pública”, ya que se trata de un modelo que tiene su origen allá en los 80, cuando la oferta pública existente no podía satisfacer toda la demanda. Desde CSIF su representante de Educación en Huelva, Prado Rodríguez, entiende que exista una tendencia a la baja de la natalidad, pero no que haya que “usarla como excusa para suprimir unidades” y se pregunta que “por qué de partida hay un recorte de plazas” y no se aprovecha para afrontar “una apuesta fuerte por bajar la ratio, algo que daría calidad educativa y garantizaría la plantilla”. “Es un momento ideal” para ello, prosigue Rodríguez.
Ustea denunció ayer a través de un comunicado lo que considera una “política privatizadora encubierta en la que se obvia el carácter subsidiario de los conciertos educativos”. El sindicato estima que “algo no se está haciendo bien” si la planificación comienza “suprimiendo unidades sólo en la pública, beneficiando la escolarización en la privada mediante conciertos educativos que se pagan con dinero público”.
La Delegación de Educación también difundió ayer un comunicado en torno a la planificación –de la que indicó que está “en una fase inicial”–, en el que destacaba su “apuesta inequívoca por sumar recursos pese al descenso de la natalidad”, una reducción que, “según los datos del censo”, es de “500 alumnos en la provincia (146 sólo en la capital) entre los que se incorporan por primera vez al sistema” y “la plantilla del profesorado ha aumentado un 8,2%”. La delegada provincial, Estela Villalba, añadió que “desde hace dos años, con este Gobierno andaluz, la Educación pública cuenta con los mayores presupuestos de la historia en Andalucía”. Respecto al segundo ciclo de Educación Infantil, indica que en el curso actual “se han matriculado 569 alumnos menos, lo que podría haber supuesto la pérdida de 23 unidades, y sin embargo sólo se han perdido 12, lo cual ha redundado en una bajada de ratio”.
La Delegación de Educación mantiene que la planificación está en una fase inicial