La Diputación impulsará un acuerdo sobre el Plan Especial
● En el pleno también se aprobó el Plan de Igualdad de la institución provincial
La Diputación de Huelva celebró ayer viernes cuatro plenos extraordinarios que comenzaron dando cuenta de la renuncia de acta de diputada provincial de María Ponce Gallardo. Doñana fue objeto de uno de ellos, en el que se aprobó, con la abstención de UP y el voto en contra del PP, la iniciativa socialista de impulsar un acuerdo entre las administraciones implicadas sobre el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana, en línea con el marco de actuaciones para la restauración ecológica del espacio, recientemente aprobado.
Pedirán así la constitución de una comisión bilateral entre el Consejo de Gobierno de Andalucía y el Gobierno de España para tratar cuestiones como la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes y planificadas para mejorar la situación hídrica de la zona, así como aquellos Planes de Inversiones extraordinarios e integrales que contribuyan al dinamismo y reactivación económica del entorno.
Asimismo instarán al Consejo de Gobierno de Andalucía a cumplir con las previsiones del Plan Especial de la Corona Norte de Doñana e informar a la Comisión de Seguimiento del Plan y el dictamen del Consejo de Participación de Doñana, tras la experiencia de sus años de vigencia y para adaptarlo al recientemente aprobado Marco de Actuaciones para Doñana, dando cuenta a las autoridades europeas.
Otro de los plenos extraordinarios, celebrado a petición del Grupo Socialista, debatió tres mociones del PSOE. La primera de ellas, que contó con los votos a favor de PSOE y UP y en contra del PP, planteó de nuevo la defensa de la sanidad pública en la provincia de Huelva instando al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a “dar marcha atrás al modelo privatizador” y a incrementar las plazas del personal sanitario y la inversión en infraestructuras, equipamiento y servicios para reforzar la sanidad pública en Andalucía.
La segunda de las mociones, aprobada con los votos a favor del grupo socialista, la abstención de Unidas Podemos y en contra del PP, acordó urgir al Consejo de Gobierno de Andalucía a la ejecución (vía Decreto de Sequía y con cargo al canon autonómico, FFEE o autofinanciada) de las infraestructuras hidráulicas necesarias para la mejora de eficiencia, ampliación de capacidad y ampliación de las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro de los recursos hídricos dependientes del Sistema Huelva.
Según expresaba dicha moción, el Gobierno de la Junta de Andalucía “debe asegurar el abastecimiento, el uso industrial y el de regadíos, incluida la garantía del trasvase para los usuarios actuales y de las concesiones futuras derivadas del trasvase en el Condado de Huelva, necesario para sustituir parte los recursos subterráneos por superficiales en el ámbito de la DH del Guadalquivir”.
De otro lado, se aprobaron, por unanimidad de todos los grupos políticos, diferentes puntos del orden del día del segundo pleno extraordinario, entre los que destacan la aprobación de los informes trimestrales de Tesorería de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en los que el portavoz del equipo de gobierno, Salvador Gómez, destacó la media de pago a proveedores, que se sitúa entre los 10 y 11 días de media. En el transcurso de esta sesión también se aprobó el Plan de Igualdad de la institución, con los votos a favor de PSOE y Unidas Podemos y la abstención del Partido Popular.
En el transcurso de la última sesión plenaria extraordinaria del día, que fue solicitada con carácter de urgencia por el Partido Popular, se debatió una moción solicitando el apoyo a la proposición de Ley presentada por el
La ampliación del plazo de ejecución del plan de playas fue otra de las medidas
Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, el pasado día 4 de Marzo de 2.023 para la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
A través de esta iniciativa se instaba también al Gobierno de España a que ejecute las infraestructuras hidráulicas necesarias para dar respuesta a lo contenido en la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (BOE núm. 294 de 6 de diciembre de 2018), declaradas de Interés General del Estado, y pendientes al día de hoy. Dicha moción fue rechazada con el voto en contra del PSOE y UP.