Refuerzo a la protección de los menores maltratados
Nuevo decreto de la Junta para que ningún niño agredido abandone el hospital mientras no exista una resolución de las autoridades
El Gobierno de Fernández Mañueco, a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dirige Isabel Blanco, aprobó el Decreto que modifica el anterior 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula y refuerza la acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o desamparo, así como los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones necesarias para llevarla a cabo.
De hecho, el principal objetivo de la nueva norma, con la que se cumple uno de los compromisos de legislatura, es potenciar las actuaciones de protección a la infancia en base a una labor coordinada de todos los profesionales implicados. Y es que es un problema que acucia en la Comunidad, ya que durante 2020 se recibieron en Castilla y León casi 1.300 notificaciones por parte de personas o profesionales que detectaron posibles situaciones de maltrato a menores y que se tradujeron en 649 investigaciones.
Isabel Blanco señaló que una de las novedades de la medida es que permitirá que en el caso de que se produzca el ingreso en un centro hospitalario de menores de edad sobre los que exista sospecha o evidencias de maltrato grave, el alta hospitalaria no podrá hacerse efectiva hasta que se reciba resolución de la autoridad judicial correspondiente o del Ministerio Fiscal, o por los servicios sociales competentes que hayan valorado el caso.
«Este Gobierno tiene el compromiso personal de todos sus miembros con la protección de las personas, y en especial de los más vulnerables, en este caso los menores. Tenemos en marcha la Red Centinela, que garantiza la detección de situaciones de desamparo o especial vulnerabilidad, y existen diferentes protocolos, pero con este decreto se pretende ir un paso más allá», destacó la consejera.
«Este Gobierno tiene el compromiso personal de proteger a los más vulnerables», señaló la consejera Isabel Blanco