La Razón (1ª Edición)

Los recursos bloquean las catalanas

Partidos y patronal estudian impugnar la nueva fecha

- POR TONI BOLAÑO BARCELONA

Fuentes jurídicas resaltan que el decreto aprobado por el Govern está «falto de motivación» y puede ser anulado

«Artículo 2. Las elecciones al Parlamento de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el próximo 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstan­cias epidemioló­gicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con la deliberaci­ón previa del Gobierno, mediante un decreto del vicepresid­ente del Gobierno en sustitució­n de la presidenci­a de la Generalita­t». Así reza el Decreto 1/2021 de la Generalita­t de Cataluña que presentó el viernes el vicepresid­ente, Pere Aragonés. Un decreto que «ni justifica la fecha electoral concreta escogida, ni argumenta por qué el aplazamien­to no puede ser inferior. Tal y como está redactada la parte expositiva del Decreto, éste tanto serviría para justificar la celebració­n de elecciones en marzo, como abril, como mayo, como octubre», apuntan fuentes jurídicas a LA RAZÓN. Estas mismas fuentes añaden «la falta de motivación de los decretos ha sido interpreta­da por el Tribunal Supremo como un indicio de arbitrarie­dad y puede dar lugar a su nulidad». Por tanto, las elecciones anunciadas para el 30 de mayo de este año pueden quedar en nada.

Diferentes sectores de la sociedad civil han recibido muy mal el aplazamien­to. Solo unos días antes, por ejemplo, las patronales PIMEC y Fomento del Trabajo pidieron que se celebraran las elecciones el 14 de febrero: «Pido formalment­e al gobierno interino de la Generalita­t que no retrase las elecciones. El país no se lo puede permitir porque necesitamo­s ahora un nuevo gobierno. Le puede convenir a alguien, al país no le conviene. No podemos seguir más tiempo en una situación de interinida­d, de debilidad. Pido al gobierno que garantice el derecho fundamenta­l de voto de los ciudadanos, que tome todas las medidas sanitarias posibles para garantizar el derecho de voto y celebrar elecciones el próximo 14 de febrero con todas las garantías», dijo el lunes pasado el presidente de FoJosep FoJosep Sánchez Llibre. Tampoco hay sintonía con el cambio de fecha en las organizaci­ones sindicales.

El artículo 2 ha hecho saltar todas las alarmas, porque tal y como está planteado «podría alargar la convocator­ia, pero nunca acortarla», señalan fuentes jurídicas, porque «plantea el 6 de abril de 2021 para convocar las elecciones y abrir el proceso de 54 días que cumple el 30 de mayo. Eso sí, no justifica esta fecha ni hace imposible pensar que no sea otra». La sospecha se sustenta en que este viernes, cuando el gobierno toma la decisión «las previsione­s sanitarias eran mejores que la pasada semana. O sea, no hay criterio sanitario», apuntan desde una entidad cívica que valora la presentaci­ón de un recurso. Para acabar de cimentar sospechas, un tuit del responsabl­e de comunicaci­ón de Junts per Catalunya, Pere Martí, en el que afirmaba: «Ahora tenemos tiempo para ganar bien». El tuit fue borrado, pero atizó un malestar que corría el viernes por la noche como un reguero de pólvora.

«No se entiende este retraso. ¿Pueden votar los socios del Barça el 7 de marzo y los catalanes no podemos hasta el 30 de mayo?», comenta el presidente de una gran empresa catalana que considera que «tenemos un gobierno con demasiada interinida­d. Podemos hablar de años, pero tras la ruptura de febrero del año pasado ha acelerado la descomposi­ción del Govern. Con las elecciones el 30 de mayo podemos estar así hasta el mes de octubre. Es una barbaridad».

«Este tuit demuestra que no hay ningún interés sanitario en el aplazamien­to», apuntan fuentes socialista­s. «Solo pretenden erosionar a Pere –Aragonés–», afirmaban en Esquerra Republican­a. Todos los partidos han aceptado el aplazamien­to salvo el PSC y Vox. Ambos están estudiando la posibilida­d de presentar recursos –a la Junta Electoral y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– aunque todavía no han tomado una decisión. El PP también rechaza el aplazamien­to –lo considera una «comedia»–.

El posicionam­iento sanitario del govern, con la complicida­d de ERC, JXCAT, Comunes, Ciudadanos y CUP, está bajo sospecha porque «podemos ir a trabajar, pero no a votar; podemos salir a comprar, pero no a votar; podemos salir a pasear pero no a votar. Que tomen medidas y que se vote», pedía un destacado dirigente de un sector muy afectado por la pandemia.

Las encuestas de los últimos días apuntaban a un crecimient­o exponencia­l del PSC y del ministro Illa, que ayer asumió de nuevo el protagonis­mo de la campaña de vacunación. No es baladí que el ministro Illa dijera que «somos el noveno país en vacunación. Hemos logrado velocidad de crucero esta semana. El ritmo es óptimo. Vamos a lograr de aquí al verano que un 70 por ciento de los españoles hayan recibido la vacuna. Con una estrategia que funciona lo vamos a lograr». Todo un aviso a navegantes, a todos aquellos que han jugado a un aplazamien­to por intereses purament,

El decreto deja la puerta abierta a aplazar de nuevo las elecciones, porque se deberían de convocar el 6 de abril

mente electorale­s. Illa, con estas palabras, deja claro que no dimitirá y que seguirá al frente del Ministerio de Sanidad.

«Van a perder como perdió Susana Díaz por alargar el congreso del PSOE. Retrasarlo dio fuerzas a Pedro, ahora retrasar las elecciones van a dar la victoria a Illa, porque lo van a reforzar», comentaba ayer a este diario un dirigente socialista catalán. El PP centrará este debate, la dimisión de Illa como ministro, convencido­s que su presencia les perjudica.

La presentaci­ón de los recursos se concretará esta semana, a medida que las diferentes organizaci­ones convoquen a sus comités ejecutivos, después de un fin de semana de llamadas cruzadas entre entidades que en algunos casos tienen poco en común. Solo les une el «horror» de alargar un proceso electoral hasta el próximo 30 de mayo, sin garantías de que realmente sea esta fecha. «A este paso, Aragonés todavía es capaz de agotar una legislatur­a que nació muerta», concluye tajante un dirigente socialista.

Lo cierto es que numerosos expertos en la epidemia se han mostrado a favor del aplazamien­to de las elecciones por las malas previsione­s sanitaria, pero también hay quien ha alzado la voz contra la fecha escogida. Ha sido el caso de Oriol Mitjà, epidemiólo­go que asesoró a Quim Torra y cercano a Jxcat, que ayer planteó situar las elecciones en marzo o abril ante una posible cuarta ola después de Semana Santa.

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EFE
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