La Junta avanza en su apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad
La Junta de Castilla y León busca con esta nueva modificación del decreto impulsar de una forma definitiva la captación y retención del talento de este sector en la Administración
Entre las novedades destacan el grado de reconocimiento de discapacidad que pasa a ser del 65% en vez del 75%
El Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco sigue avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad en la Administración. Lo hace a través de la modificación de un decreto presentado, en Valladolid, por los consejeros de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Presidencia, Isabel Blanco y Ángel Ibáñez, respectivamente; y el presidente de CERMI Castilla y León, Juan Pérez.
El Gobierno Abierto de la Junta ya ha publicado para su consulta previa, la propuesta de modificación del Decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración autonómica.
El objetivo que se pretende alcanzar con esta modificación reside en la progresiva reducción de la brecha en el acceso al empleo público entre el turno libre y el de discapacidad. Por ello, la modificación aprovechará para actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en este caso mediante la ley que regula la cobertura de personal temporal en la Administración de la Comunidad Comunidad de Castilla y León (Decreto 21/2018, de 26 de julio), a la par que actualizar las referencias al Estatuto Básico del Empleado Público y a nuestra Ley de Función Pública. Esta medida implica una puesta al día de los requisitos complementarios de acreditación que vienen exigiéndose a estas personas a los efectos de la superación de los procesos selectivos, tanto con carácter previo, como con posterioridad incluso a la superación, en su caso, de todo el proceso.
En este sentido, el consejero de la Presidencia ha indicado algunas de las modificaciones que se proponen en el texto, y que suponen una novedad en el mismo, como es el caso del grado reconocido de discapacidad que se verá modificado y pasará a ser del 65 por ciento en vez del 75 por ciento como estaba contemplado hasta el momento; y las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo. Además se prestará especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un plan de incorporación específico para facilitar su ingreso, circunstancia por la que la Junta ya fue galardonada en el año 2020 con el Premio «Plena Inclusión» en la categoría «Apoyo en el Puesto de Trabajo».
Isabel Blanco también ha incidido en el reto de continuar avanzando en la igualdad de oportunidades y en la inserción social, a través del empleo, de las personas con discapacidad.