Un juicio que solo perjudica al PP
«El Tribunal debe ser sensible al efecto político de la declaración de Bárcenas»
NoNo es la primera vez que un juicio que afecta de manera directa a un importante partido político coincide con unas elecciones. En los últimos años, dada la concurrencia electoral y las causas abiertas por supuestos casos de financiación ilegal, ha sido normal este indeseable encuentro en el tiempo. Sin ir más lejos, el lunes se abre el juicio en la Audiencia Nacional por la supuesta caja B del Partido Popular, seis días antes de los comicios autonómicos catalanes, hecho que interferirá en la opinión pública y en el argumentario de los políticos, por más que en Cataluña exista un monotema identitario, pero también un especial ensañamiento anti-pp, que en este momento, sería aprovechado a izquierda y derecha. El escrito que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, principal encausado en este proceso, remitió a la Fiscalía Anticorrupción revelando que Mariano Rajoy, en tanto que presidente del partido conocía la existencia de una caja B y de dicha contabilidad, es de por sí lo suficientemente perturbador como para que el juicio se retrase hasta después del 14 de febrero. Es más, ante la perspectiva de que Bárcenas, tal y como se ha comprometido en el escrito, mantenga su «voluntad de colaborar en los distintos procedimientos a los que haya lugar», su comparecencia –que podría situarse el próximo miércoles, después de dos días de cuestiones preliminares– perjudicará al PP y, aunque se refiera a anteriores etapas y a otros dirigentes, sin duda manchará al equipo de Pablo Casado, que ha tenido que heredar una situación en la que nada tuvo que ver. Es cierto que entre los motivos por los que puede suspenderse un procedimiento ninguno ampara el aplazamiento de este juicio, pero sí hay uno de carácter de oportunidad política. Recordemos que Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aplazó quince días la sentencia sobre el caso de los ERE, que afectaba directamente a los sucesivos gobiernos socialista de la Junta, por su coincidencia con las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. La solución fue dar quince días más al magistrado ponente de la sentencia, dada la importancia del caso. Es más, desde el PSOE siempre se vio como un «proceso eminentemente político», y ese fue el argumento esgrimido para el aplazamiento. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña retrasó el juicio a Joaquim Torra por desobediencia –también durante la campaña de noviembre de 2019–, aunque esta vez esgrimiendo un motivo procesal, como la recusaciones presentadas contra los magistrados que deberían juzgarles –por cierto, algo que ya hizo en su momento Bárcenas–. Partiendo de que el PP no pedirá el aplazamiento, sólo cabe que el tribunal sea sensible al efecto político de este caso en plena campaña electoral.