Pequeños propietarios con okupa, los olvidados
Particulares que no pueden desalojar a inquilinos que no pagan sus rentas critican que el Gobierno solo proteja a una parte mientras ellos no llegan casi a fin de mes
De un tiempo a esta parte, cuando en España el Gobierno habla de alquiler es para cargar contra los grandes tenedores de vivienda que, según su criterio, dominan y manipulan el mercado a su antojo para llenar sus bolsillos sangrando a sus inquilinos, a los que se aboga por proteger a toda costa. Pero la realidad es que España no es país de grandes arrendadores de vivienda, sino de pequeños propietarios que copan el 96% del mercado. Y muchos de ellos, más de los que se piensa, están atravesando por penurias tan graves como las de los inquilinos vulnerables por culpa de arrendatarios que se han convertido en okupas. Pero su sensación es que no cuentan con el decidido apoyo que el Ejecutivo, espoleado por Podemos, está brindando a las familias vulnerables para protegerlas del coronavirus. Es más, consideran que el Estado protege a los inquilinos que no pagan a costa de unos propietarios que, si están en este trance, es por necesidad.
«Yo alquilo por necesidad», explica Alex Marced. Este catalán lleva desde 2019 tratando de desalojar a sus actuales inquilinos de una casa que compró en Tarrasa junto a su expareja en 2007. Marced puso en alquiler la vivienda en 2008 y hasta 2019 no tuvo ningún problema. Luego vinieron todos juntos cuando la familia que lo arrendaba, aparentemente solvente, se quedó sin ingresos y dejó de pagarle. Varios juicios después, no ha logrado desahuciarlos. Y se teme que la legislación aprobada por el Gobierno para amortiguar la Covid se lo impida otra temporada porque, según reconoce, son un familia en una situación delicada. Pero no menos que la suya. Tanto él como su ex necesitan el dinero del alquiler para pagar la hipoteca de esa casa y el alquiler de sus respectivas viviendas actuales. Pero el dinero no llega -les deben 10.000 euros- y la cuerda aprieta. «Yo, como tengo pareja, pues más o menos me apaño para
llegar a fin de mes. Pero mi ex ha tenido que volver a vivir con su madre porque no puede alquilar un piso en Barcelona. Y, como yo, está esperando un hijo», explica. Marced entiende que se quiera proteger a los vulnerables. «Pero esa responsabilidad no debe caer en los propietarios, sino en el Estado. Yo no tengo que mantener a otra familia», añade molesto.
Mantener a su inquilina morosa es lo que está haciendo Javier Abades. «Vivo para ella, porque lo que me ocurre es que se lleva casi todo el dinero que ingreso: en juicios, hipoteca, gastos...», se lamenta. Este profesor madrileño puso en alquiler su vivienda porque se trasladó a trabajar a Segovia. Con el precio de su casa pagaba en la que ahora reside. Hasta que sus inquilinos dejaron de pagarle. Cuando venció el contrato, trató de recuperar la vivienda para su familia, pero sus inquilinos se negaron a irse. «No sólo eso, sino que me pidieron 3.000 euros para marcharse y luego comenzaron a amenazarme», relata. Incluso llegaron a subarrendar de forma ilegal una de las habitaciones de la casa anunciándola en Idealista. Comenzó entonces una sucesión de juicios, incluidos tres penales con resultado a su favor, que, de momento, no le han servido para nada. «A mí me han chantajeado y amenazado, he ganado los juicios y no ha pasado nada. Esa mujer sigue en mi casa y ni la van a incluir en el Asnef [fichero de morosos] ni nada. Sólo va a tener antecedentes penales durante un periodo de seis meses», explica este madrileño.
Lo que Javier está sufriendo en sus carnes le ha llevado a concluir que, con la Ley que hay ahora mismo en España, «se está invitando a que la gente okupe. Además, es la peor de las okupaciones porque entran en tu casa con un contrato y luego se las saben todas. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? ¿Dónde estamos, en Zimbawue? Porque esto no tiene consecuencias», se lamenta.
A Soraya Rodríguez, una administrativa madrileña, lo que le está ocurriendo con su vivienda le está costando literalmente la salud. «No duermo», resume con voz que denota hastío. El médico le ha ofrecido la baja, pero ella la ha rechazado por temor a perder el empleo y su salario, que necesita para criar a sus hijos. Como Alex Marced y Javier Abades, ella también alquiló su vivienda por necesidad. «Lo hice porque quería estar cerca de mi familia para que me ayudaran», explica. Pero el traslado se convirtió en una pesadilla. En agosto de 2018 alquiló su casa y, al poco, empezó a recibir quejas de los vecinos por ruidos y peleas en las que incluso tuvo que mediar la Policía. Un año después, dejaron de pagarle y desde entones ha intentado, sin éxito, echar a los inquilinos. «Tengo dos hijos, tengo que darles de comer y estoy hasta arriba de gastos», narra. Califica la situación que vive como de «desesperante» y lo peor es que no le ve salida. Lo que está haciendo el Gobierno le indigna porque, asegura, «no está siendo justo. No se está protegiendo a los pequeños propietarios. Entiendo que se ayude a los inquilinos vulnerables, pero no a costa de los propietarios. Es injusto», remacha Soraya.
La situación que viven estos propietarios en España alucina aún más vista por los ojos de un extranjero. Xavier Hernández, belga afincado en Barcelona, confiesa su estupor por lo que se hace aquí. «Lo que no puede hacer el Gobierno es poner a un propietario a hacer política social», dice. «En Bélgica, no existen seguros contra impago del alquiler porque, si surge un problema, el ayuntamiento se encarga de resolverlo rápido», explica. Xavier, que tiene dos pisos en alquiler, ha tenido al menos fortuna. En una de estas viviendas, lleva sufriendo impagos desde diciembre de 2019 y en marzo de 2020 inició el proceso para desalojarlos. El lanzamiento se fijó para el 21 de enero, pero dos días antes, le llamó la Generalitat para que lo frenara. Llegó a un acuerdo. Redujo la renta y el Gobierno catalán concedió una ayuda a la familia. Todos ganaron. Pero a Xavier le sigue pareciendo increíble que hasta el último segundo no se arreglara la situación. «Lo que veo aquí es que hay mucha descoordinación. La mitad de los desalojos se evitarían si todo fuera más rápido», concluye.