España deja que se desangre la hostelería

Uno de los sectores más damnificados por la pandemia ha sido la hostelería. Los estragos han sido desoladores. Se perdió más de la mitad de la facturación en 2020 (unos 70.000 millones de euros) y 85.000 de los 300.000 establecimientos cerraron para siempre, aunque se podría llegar a los 100.000. La clausura de estos negocios fue la respuesta acelerada y simple de muchas administraciones, administraciones, que los señalaron como culpables. Ni se valoraron alternativas ni hubo diálogo o voluntad de encontrar salidas menos traumáticas. Ni se pensó en el porvenir de miles de familias ni en el de un engranaje clave del tejido productivo. Ayer, se movilizaron para exigir lo que disfrutan sus homólogos en toda Europa. Demandaron al Gobierno y a los ejecutivos regionales un plan de ayudas directas, restricciones racionales en los toques de queda, por ejemplo, e inmunización con vacunas para el personal. La salud pública no depende de que los bares estén o no cerrados, sino del cumplimiento de las normas preventivas y de que se actúe con sentido común. Madrid ha demostrado que se puede y se debe luchar contra el contagio y la pobreza. Ayer el TSJPV avaló que la hostelería «no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública». Se perpetró un atropello alevoso para resguardar los intereses de los políticos de turno. Ahora deben reparar los daños.