Bárcenas declarará sobre la «caja B» del PP después del 14-F
El tribunal suspende el juicio una semana por el positivo por Covid de un acusado
El «efecto Bárcenas» se medirá tras las elecciones catalanas del próximo domingo. El tribunal del juicio de la «caja B» del PP acordó ayer suspender la vista oral hasta el próximo martes por haberse contagiado del Covid-19 uno de los acusados, el ex gerente Cristóbal Páez. La decisión aplaza la declaración del extesorero del PP –precedida de una gran expectación tras su última confesión señalando a Mariano Rajoy–, que estaba prevista en principio para hoy, hasta pasados los comicios.
Habrá que esperar también hasta entonces para conocer si la Sala acuerda el careo entre Bárcenas y el expresidente del Gobierno solicitado por la defensa de Bárcenas. Un cara a cara al que se opuso ayer la Fiscalía Anticorrupción al considerarlo «prematuro» y que todo indica que, en su caso, tendrá que esperar a que el tribunal escuche antes el testimonio de Rajoy.
A consecuencia del coronavirus, Páez (para quien la Fiscalía pide una pena de 18 meses de cárcel) ha tenido que seguir desde su casa por videoconferencia las dos primeras sesiones del juicio. Pero finalmente los magistrados han accedido a la petición de su defensa de aplazar la vista oral.
El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora anunció al término de la sesión – ya con el respaldo de Anticorrupción y del resto de acusaciones– el aplazamiento del juicio hasta el próximo martes a la espera de que un día antes su abogado acredite la evolución del estado de salud de Páez para decidir si es necesario un nuevo aplazamiento. Para la Sala, se trata de salvaguardar así tanto el derecho de defensa de Páez como el de «comparecer ante este tribunal» para garantizar un proceso con todas las garantías.
El juicio se reanudará en todo caso con el interrogatorio Luis
Bárcenas. Horas después de que la Fiscalía desinflase la enjundia procesal de sus últimas revelaciones y de que la propia defensa de Bárcenas se quejase de que los documentos que sustentan sus acusaciones le fueron sustraídos en el marco de la «operación Kitchen», el abogado del extesorero aclaró a la Fiscalía que lo único que Bárcenas pretendía con ese paso era evidenciar su afán de colaborar con la Justicia.
Antes, el fiscal Antonio Romeral ya había dejado claro que la decisión sobre un posible careo del exsenador con Rajoy es «prematura», pues «todavía no conocemos si existen contradicciones» entre ambos. Eso sí, el fiscal precisó que esas contradicciones deben ceñirse al objeto del procedimiento, y no a cuestiones que no se están juzgando.
La sesión también sirvió para que las acusaciones populares afearan al abogado del PP su pretensión de deslegitimarlas y de acotar, como pretende también la Fiscalía, el objeto del proceso, de por sí bastante permeable. «No nos pueden obligar a una posición vicaria» respecto al Ministerio Público, se quejó el abogado de Adade, Mariano Benítez de Lugo. En esa misma línea, el letrado Gonzalo Boye, que ejerce la acusación en representación del Observatori Desc, reinvindicó el papel de la acción popular en la causa. «Estamos aquí exclusivamente por las acusaciones populares, no por el empuje del Ministerio Fiscal», aseguró.
Tampoco el letrado de IU, Juan Moreno, desperdició la ocasión de insistir en que los hechos que se juzgan «van más allá de si las obras de reforma de la sede se pagaron en parte con dinero negro». El tribunal tiene ahora la última palabra.