DERECHO AL TRABAJO
ElEl Gobierno vasco se ha revuelto malencarado contra el Tribunal de Justicia del País Vasco. Algunos de nuestros gobernantes, ni te cuento los caciques del Dios y Leyes viejas, presumen de pedigrí democrático, pero sufren de sarpullidos e indigestión cuando se les administra una dosis de ese jarabe llamado división de poderes. El Gobierno vasco y el PNV se pasaron la jornada pataleando porque unos togados a los que no ha elegido nadie osaron suspender su orden de cerrojazo a la hostelería. «Nos han atado las manos». Que fue su manera de señalar a los jueces ante lo que pueda suceder con la pandemia a partir de ahora. Endosar los muertos a otros es inmoral, condenar arbitrariamente a miles de familias a la necesidad cuando no a la pobreza es miserable. Aplicaron su ley del candado sin un mísero informe más allá que la manida referencia al comité de expertos que asesoran a Urkullu, como lo hicieran Sánchez, Illa y Simón, ya sabemos con que resultado. Ayunos de un dato científico que corroborara que los bares eran bombas víricas, de lo que sí había evidencia empírica era de que el cierre de esos negocios suponía la condena a la pena capital de un sector maltratado por la pandemia y abandonado por la administración nacionalista. El trabajo es un derecho recogido en la Constitución. Lo ejercen de nuevo desde ayer miles de empleados como la camarera de la cafetería de Vitoria de la imagen. Es uno fundamental que abona la libertad individual. Quienes demandan justicia y la encuentran hacen más por el estado de derecho que quienes estrechan la democracia al ordeno y mando.