El juez que imputó a Monedero detecta al menos tres irregularidades en Podemos
Juan José Escalonilla considera tras sus investigaciones que el cofundador del partido morado cobró una comisión a cambio de adjudicar un contrato a la consultora Neurona Comunidad
El juez de Madrid que investiga el presunto «saqueo» de las cuentas de Podemos, Juan José Escalonilla, ha confirmado irregularidades en al menos tres de las acusaciones que denunció el ex coordinador jurídico de la formación morada José Manuel Calvente ante la Guardia Civil.
Este exabogado del partido liderado por Pablo Iglesias y la ex coordinadora de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona, alertaron al instructor de que la actual dirección de Podemos habría podido cometer al menos cinco irregularidades que, a su juicio, podrían tener algún tipo de alcance penal. En concreto, el letrado denunció la presunta administración desleal en la denominada Caja de Solidaridad; un acceso no autorizado a un ordenador de una empleada; la supuesta licitación irregular de las obras de la sede del partido en Madrid; los sobresueldos de empleados, y en quinto lugar la «contratación fraudulenta de los gastos de campaña» a la consultora Neurona, según consta en la denuncia de 18 de diciembre de 2019 que dio inicio a las pesquisas.
En las fechas de la denuncia todavía no había sido archivada la querella que había interpuesto una empleada de Podemos contra Calvente por acoso sexual, que según la magistrada de Madrid Rosa María Freire había servido de excusa para despedir a este letrado, quien junto a Carmona había iniciado una investigación «sigilosa» sobre las irregularidades que habían detectado en el partido.
Y la condición de querellado por acoso sexual, que acabó archivando de forma categórica la Audiencia Provincial de Madrid, y su declaración como testigo en la Audiencia Nacional por el «caso Dina», sirvió para que José Manuel Calvente fuera objeto de un intento de desacreditar su denuncia, para la que aportó una cuarentena de documentos que había obtenido de otros trabajadores que, de forma anónima, se los habían entregado.
Además, la imputación del secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; de la gerente, Rocío Val; y del responsable de Finanzas, Daniel de Frutos, generó más animadversión entre los militantes del partido, algunos de los cuales llegaron a insultar a Calvente en redes sociales por lo que consideraban una traición o simplemente una venganza por haber sido despedido. Sin embargo, los dos únicos denunciados por Calvente que no fueron imputados son Rafael Mayoral, la trabajadora de Podemos Ana Marcello Santos y la abogada Marta Flor Núñez.
Otras decisiones del juez tampoco ayudaron a acreditar la veracidad de las denuncias de Calvente y Carmona, cuya campaña de descrédito se elevó, tal y como denunció el propio exabogado de Podemos en su declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
A las primeras de cambio, el juez decidió archivar las pesquisas que había iniciado sobre la adjudicación de un contrato a la empresa portuguesa ABD Europa, detrás de la que estaría, según estos abogados, Rafael Mayoral. De forma más reciente Escalonilla cerró la causa sobre el acceso ilegal al ordenador de una empleada, porque esta no había denunciado los hechos.
Pero, sobre todo, la decisión que más celebraron los actuales dirigentes de Podemos fue el archivo de las pesquisas sobre las obras de la sede. Aunque pese a archivar el delito de apropiación indebida por estos hechos, el juez no fue nada complaciente con la dirección del partido, ya que detectó irregularidades. Y aseguró que esta operación resultaba «totalmente contraria al procedimiento procedimiento propio de una licitación pública» que fue licitada por 649.936 euros y se adjudicó en 1.361.055 euros: «Más del doble de su importe, hecho que realmente resulta insólito», consideró.
En el mismo sentido, el magistrado consideraba acreditado que Podemos realmente no había licitado las obras, sino que había realizado una adjudicación directa a seis empresas, incumpliendo lo dispuesto en la Ley sobre financiación de partidos políticos. Todas las decisiones de cerrar estas pesquisas parciales han sido recurridas ante la Audiencia de Madrid.
En este sentido, el 12 de enero Escalonilla, quien ya tenía en su poder el contenido de la investigación secreta sobre la actuación de Monedero, firmó un auto en el que cambiaba de forma diametral la percepción del caso.
En la resolución el instructor se mostraba convencido de que en la adjudicación de un contrato por 363.000 a la consultora mexicana Neurona Comunidad había indicios de corrupción, ya que el acuerdo suscrito con Podemos lo consideraba «un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero» pagado a la sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive».
Y en el eje principal de esta supuesta red multinacional que se encargaría de la financiación de movimientos de izquierda estaría el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero que deberá declarar como investigado el 15 de marzo por malversación.
En su denuncia, Calvente ya centraba sus sospechas en este militante de Podemos, a quien señalaba como «intermediario» y «comisionista» de Neurona Consulting. Consideraba que Monedero encabezaba «una or
El magistrado ha reclamado a Podemos que le informe sobre la subida de sueldo de la gerente y el tesorero Juan José Escalonilla ha acordado la imputación de cuatro de los siete denunciados por los abogados del partido
de carácter presuntamente criminal con la intención de saquear los fondos de Podemos desviando de forma fraudulenta importantes cantidades de dinero mediante contratos ficticios
ficticios con sociedades vinculadas al entorno de Neurona Consulting, dirigida por César Hernández Paredes». La tercera sospecha de corrupción que ha confirmado indiciaganización riamente el juez Escalonilla es el cobro presuntamente irregular de sobresueldos en Podemos. Este sería el caso de la gerente, Rocío Val, y del responsable de Finanzas, Daniel de Frutos. La primera reconoció en su declaración como imputada que se subió el sueldo sin comunicarlo a nadie en el partido. Por eso el magistrado le ha dado cinco días a Podemos para que explique si los pagos, que se habrían producido al margen de la normativa del partido, tal y como argumentan los dos letrados represaliados, fueron autorizados por la dirección de la formación de Iglesias.