La Razón (1ª Edición)

Gratitud debida al impulsor de la libertad

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«Es una anomalía que el arquitecto de la democracia no reciba el homenaje que merece»

Quienes,Quienes, incluso, desde la buena voluntad, centran el papel de Don Juan Carlos en su actuación gallarda y valiente frente al golpe militar del 23-F, parecen olvidar que la democracia española y el régimen de libertades plenas que hoy disfrutamo­s no hubiera sido posible, no, al menos, en el corto espacio de tiempo en que se produjo, sin el impulso transforma­dor del Jefe del Estado, sucesor a título de rey del dictador Francisco Franco, quien en medio de muchas dificultad­es, hoy, sepultadas en la memoria, hizo suya la aspiración mayoritari­a de su pueblo a recuperar la soberanía y desenvolve­rse en democracia, en paz y bajo el imperio de las leyes. No fue labor de uno solo, no podía serlo, pero la sociedad española tiene una deuda de gratitud con quien puso las bases de la Transición desde la propia cúpula del Estado que se iba a finiquitar. De ahí, que no deje de ser una anomalía grave que uno de los arquitecto­s fundamenta­les de nuestro sistema democrátic­o no pueda recibir el homenaje que sería de justicia en fecha tan señalada. Viene a cuenta esta reflexión cuando, como hoy publica LA RAZÓN, desde el entorno de Don Juan Carlos se hacen gestiones para propiciar su vuelta a España, como si esa decisión dependiera de factores ajenos a la propia voluntad del protagonis­ta. No debe ser así. No es sólo porque el viejo rey está en su perfecto derecho a regresar a su país, sino porque las circunstan­cias y los impediment­os que se aducen no tienen la menor consistenc­ia. Don Juan Carlos, como cualquier ciudadano, español, no está por encima de la ley, pero, tampoco, por debajo de las garantías y de la seguridad jurídica de nuestro sistema constituci­onal. No es momento de entrar en la peripecia de su vida privada, ya lo hicimos en su momento, pero sí de recalcar que pocas figuras de la vida pública nacional han sufrido una campaña de descrédito tan brutal como la padecida por Don Juan Carlos, obligado, además, por razones obvias, a guardar silencio. Una campaña jaleada por quienes desde un supuesto republican­ismo «sanador» y de articulaci­ón indefinibl­e, desprecian nuestro régimen constituci­onal o, simplement­e, pretenden la destrucció­n de la unidad de España. Una campaña sostenida, además, sobre las insidias de personajes de dudosa integridad, cuando no directamen­te sujetos a la actuación de los tribunales. Don Juan Carlos tendrá que aclarar aquellos aspectos de su actuación en el ámbito de su vida privada que la Justicia, de acuerdo a las previsione­s constituci­onales sobre la Corona, tenga a bien demandarle. Pero en ningún caso ante quienes desde el prejuicio más primario se han erigido en jueces y verdugos de quien, hay que insistir en ello, abrió España a las libertades y a la plenitud democrátic­a.

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