Defensa espera a la Justicia para decidir sobre los militares del chat golpista
Robles dijo que analizaría si los retirados que hablaban de un pronunciamiento podían perder algún derecho, como vestir uniforme
Hasta que la Justicia no se pronuncie, el Ministerio de Defensa no se moverá. Es la máxima con la que trabajan en el Departamento que dirige Margarita Robles en relación a los integrantes del chat en el que se hablaba de fusilar a «26 millones de hijos de puta» y abogaban por un golpe de Estado. Y es que al estar todos retirados y fuera de la disciplina castrense, Defensa únicamente podría intentar quitarles ciertos «privilegios» con los que cuentan por el hecho de haber pertenecido a los Ejércitos. Pero, a día de hoy, estos siguen disfrutando de esos derechos.
Es lo que en su momento solicitó una asociación de reservistas, haciendo referencia al artículo 115 de la ley Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, y lo que el pasado diciembre la ministra dijo que estudiaría por si la normativa permitiese retirarles algún derecho. Eso sí, a día de hoy está a la espera de si finalmente la Fiscalía Provincial de Madrid presenta o no una querella, después de que abriera diligencias para investigar el contenido de las conversaciones, tal y como han confirmado fuentes militares a este periódico.
De momento, la Fiscalía ya apuntó al abrir esas diligencias que en ese grupo de Whatsapp se vertían «manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar». Sin embargo, cuando surgió la polémica, los expertos consideraron que tenía poco recorrido, entre otros motivos, por tratarse de un chat privado.
Así que quizás el único «castigo» «castigo» podría ser la retirada de dichos «privilegios», los cuales enumera la citada ley de la Carrera Militar. Por un lado, la norma establece que «los militares de carrera al pasar a retiro cesarán definitivamente en la relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas y dejarán de estar sujetos al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares».
Tras esto, detalla que dichos efectivos «disfrutarán de los derechos pasivos determinados en la legislación de Clases Pasivas del Estado y mantendrán los asistenciales en el ámbito del Régimen de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas». Y «mantendrán, si lo solicitan, una especial relación con las Fuerzas Armadas, mediante su adscripción a la unidad militar que elijan, previa conformidad del Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspondiente. Podrán asistir a actos y ceremonias militares en los que dicha unidad participe, usar el uniforme en actos militares y sociales solemnes y disponer de la correspondiente tarjeta de identificación». Además, «se les facilitará el acceso a información sobre prestaciones a las que tienen derecho y otros asuntos que puedan ser de su interés», y «podrán seguir identificándose con el empleo militar que hubieran alcanzado, siempre acompañado de la palabra “retirado”».
Y pedían, también, que se les prohibiese el acceso a las residencias militares o que fuesen expulsados de la Real Orden de San Hermenegildo si perteneciesen a ella. Eso sí, el reglamento de esta última, en la que se premia la «inción tachable conducta», establece que para expulsar a uno de sus miembros debe existir una condena firme.
Todo esto es lo que la Asociación de Reservistas de Especial Disponibilidad 45+ solicitó que retirara Defensa tras salir a la luz el citado chat de la XIX Promodel Promodel Ejército del Aire, pidiéndole así que actuara contra unos «trasnochados nostálgicos y antidemócratas» que se valen de «los privilegios concedidos por el hecho de estar retirados».
Sin embargo, pese a que en numerosas ocasiones tanto Robles como el ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, han criticado tanto el chat como las cartas que muchos de ellos dirigieron al Rey, el Ministerio ha preferido no hacer nada al respecto hasta que la Fiscalía decida si presenta acusación o si, por el contrario, decide darle carpetazo.
Un polémico chat que llegó hasta el Congreso de los Diputados en forma de preguntas por parte de diferentes grupos parlamentarios, que se interesaban por la neutralidad política de los uniformados o por la difusión de la ideología de extrema derecha en el seno de las Fuerzas Armadas.
A todas ellas, Defensa respondía asegurando que todos «los militares se educan en unas reglas de comportamiento» que son «totalmente acordes con los valores democráticos y los recogidos en la Carta de las Naciones Unidas». «Todos los miembros de las Fuerzas Armadas son garantes de la Constitución, norma fundamental del Estado que inspira sus actuaciones, incluyendo el deber y el compromiso de neutralidad política», algo esto último a lo que ya no están sujetos los militares retirados.
De ahí que el Ministerio destaque que «las opiniones particulares de ciudadanos que, en cuanto militares retirados, ya no están sujetos al deber de neutralidad política, ni a responsabilidad disciplinaria, son exclusivamente suyas. No son de ningún modo representativas del colectivo del personal militar, ni de los más de 20.000 militares retirados». Y reitera, además, que «se representan únicamente a sí mismos, aunque al ampararse en un grupo hayan dañado, lamentablemente, la imagen de la institución militar, de la que ya no son parte activa».