La UE desafía a Putin con otra batería de sanciones
Los Veintisiete castigan a los dirigentes rusos involucrados en el «caso Navalni». Bruselas incluye a otras 19 personalidades del régimen de Maduro en su «lista negra»
«Entramos en un período de turbulencias en la relación con este vecino inevitable», aseguró ayer la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en una frase que ejemplifica como pocas la también inevitable ambivalencia de la Unión Europea en sus relaciones con Rusia.
Tras el tempestuoso viaje a Moscú del máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, los Veintisiete dieron luz verde ayer por unanimidad a la aprobación de una nueva ronda de sanciones dirigida contra las personalidades vinculadas de manera directa con el encarcelamiento del disidente ruso Alexei Navalni, después de que éste sufriera un intento de asesinato, al haber sido envenenado con un agente nervioso.
Se espera que el listado definitivo, a propuesta de Borrell, se conozca en una semana. La principal novedad radica en que, en esta ocasión, los Veintisiete estrenan la activación de un nuevo régimen de castigos individuales por violación de derechos humanos, aprobado en diciembre, y que supone una adaptación al ordenamiento jurídico europeo de la Ley Magnitsky de EE UU, bautizada así por un opositor ruso. Los funcionarios del Kremlin represaliados tendrán prohibida su entrada al territorio comunitario y sus bienes en suelo europeo les serán congelados.
Este nuevo esquema permite castigar a individuos por la violación de derechos humanos, sin que estas sanciones deban llevarse a cabo dentro de un régimen contra el país en su conjunto. El club comunitario ya ha aprobado sanciones contra Moscú tanto personales como económicas debido a la anexión de Crimea en 2014, la guerra en el este de Ucrania y el envenenamiento con Novichok tanto del ex agente doble Sergei Skripal y su hija como ahora del disidente Alexei Navalni.
A pesar de este paso, persisten las dudas sobre si estos castigos tienen un impacto real o meramente simbólico. Navalni pidió en su intervención de manera telemática en el Parlamento Europeo que la lista de sancionados incluya a los multimillonarios rusos que sostienen el régimen de Vladimir Putin. Aquellos que atracan sus yates en los puertos europeos y poseen mansiones en los lugares más codiciados de la UE. La misma petición fue realizada el domingo por representantes del disidente ruso que se reunieron en Bruselas con diplomáticos europeos, antes de la reunión de los ministros de Exteriores de ayer.
Pero el club comunitario prefiere no cometer errores, ya que estas sanciones son recurribles ante los tribunales. «No podemos castigar a gente porque no nos guste. En el caso de Navalni debemos sancionar a las personas directamente involucradas en su arresto, su persecución o su envenenamiento. Si no hay una conexión que podamos probar en frente de un tribunal, no podemos hacerlo. Esto es también el Estado de derecho», declaró ayer el máximo representante de la diplomacia comunitaria ante las críticas por la negativa europea a la hora de incluir a los oligarcas rusos.
Después de la humillación sufrida durante su viaje, Borrell volvió de su agitado periplo con el convencimiento de que los caminos de Moscú y Bruselas se alejan de manera irremediable. Pero aunque el paso de ayer puede interpretarse como un endurecimiento en la posición europea respecto a Moscú y una primera victoria de los países que defienden la línea dura –las tres Repúblicas bálticas y la mayoría de los países del Este–, subyace la «realpolitik» de la canciller alemana, Angela Merkel, apoyada por el presidente francés, Emmanuel Macron.
Los dos mandatarios creen que no hay que cerrar los canales de diálogo con Rusia y confían en alianzas «ad hoc» con el régimen de Putin en ámbitos como el acuerdo nuclear con Irán o la lucha contra el cambio climático. España respalda también esta estrategia. Según González Laya, «tener un desacuerdo, incluso un desacuerdo grave con un vecino como es Rusia no significa que uno tenga que dinamitar todos los puentes y todo el diálogo con ese vecino, lo que es cierto es que hay que calibrarlo».
Desde Rusia, el ministerio de Exteriores indicó ayer que las nuevas sanciones planteadas por la UE «eran ilegales» y suponían una decepción para Moscú.
A pesar de que la reunión de ayer pretendía escenificar el cierre de filas de los Veintisiete con Borrell, resulta difícil no advertir las diferencias de criterio entre los países europeos. En un artículo conjunto publicado en el digital «Político», los ministros de Exteriores de Polonia y Ucrania – Zbigniew Ray y Dmytro Kuleba– pedían ayer la cancelación del gasoducto «Nordstream2». Un proyecto auspiciado por Merkel, que facilita el suministro de gas desde Rusia a Alemania a través del mar Báltico sorteando a Ucrania. Aunque Bruselas y Washington no ven con buenos ojos este proyecto a punto de ser concluido, ya que aumenta la dependencia del club comunitario respecto del gas ruso, la canciller alemana considera que es la mejor estrategia para calmar las relaciones con
Moscú.
Una de las grandes incógnitas reside en si precisamente Joe
Biden continuará con las sanciones impuestas por la Administración Trump a las empresas involucradas en la construcción de este gasoducto. Ayer el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, mantuvo una reunión telemática con los ministros de Exteriores de los Veintisiete donde abordaron los principales retos de la agenda internacional. En su discurso este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Biden acusó a Putin de intentar «debilitar el proyecto europeo y la unidad transatlántica».
Además, ayer los Veintisiete aprobaron la inclusión de 19 personalidades chavistas castigadas con la congelación de sus bienes en suelo europeo y la prohibición de visado, debido a su participación en las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre. De esta forma, asciende a 55 el número de venezolanos castigados. En esta lista, figuran diputados chavistas, magistrados del Tribunal Supremo, miembros de la junta electoral y mandos militares. Según González Laya, las sanciones impuestas son «muy quirúrgicas», ya que no repercuten negativamente en la población civil, ya muy castigada por la crisis huma