La Fiscalía a favor de investigar si Montero usó a una asesora de Igualdad como «niñera»
Insta al juez a esclarecer si hubo un uso fraudulento de la «caja de solidaridad»
La Fiscalía ha pedido al juez del «caso Neurona» que investigue en una pieza separada si en 2019 Podemos desvió 200.000 euros de su «caja de solidaridad» a la Fundación Instituto 25-M, que preside Juan Carlos Monedero desde julio del pasado año. Ésta es una de las tres nuevas denuncias que trasladó el pasado enero la exabogada de Podemos Mónica Carmona al juez Juan José Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias. El Ministerio Público también quiere que se investigue si responsables de la formación morada se habrían quedado con el importe de las costas en procedimientos judiciales en los que fueron defendidos por abogados del partido.
Así lo acuerda la Fiscalía en un escrito en el que rechaza la petición de Podemos de que la documentación aportada por la exresponsable del área de Cumplimiento Normativo quede fuera del procedimiento, aunque el Ministerio Público sí defiende que las pesquisas se lleven a cabo en una pieza separada al no tener relación con el objeto del procedimiento y para no convertir la investigación en una «auditoría» contra el partido.
En relación a ese supuesto uso fraudulento de la «caja de solidaridad» (a la que los altos cargos de Podemos destinan parte de su sueldo para fines sociales), la Fiscalía apoya que se esclarezcan las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25-M.
Carmona trasladó por escrito al juez que cuando estaba al frente de Cumplimiento Normativo –fue despedida cuando investigaba presuntas irregularidades en la contabilidad del partido junto a su compañero José Manuel Calvente– recibió una denuncia confidencial interna en septiembre de 2019 que le alertó de un presunto desvío de fondos del partido y de la «caja de solidaridad» para fines ajenos a Podemos y para «beneficiar económicamente a personas afines a la dirección, «simulando» o «generando innecesariamente» así la realización «de actividades políticas o aumentando deliberadamente las aportaciones» a las mismas.
En esa denuncia se le advertía «de la negociación de un convenio de colaboración» entre el partido y su fundación por importe de 200.000 euros «para fines poco definidos».
A la letrada le sorprendió una petición de fondos «tan elevada» de la fundación «justo al inicio de un proceso electoral y cuando el equipo de finanzas exigía una contención del gasto». Sin embargo, las distintas convocatorias electorales de 2019 y su cese le impidieron «poder profundizar en esta linea de investigación», por lo que afirmaba desconocer «si finalmente se llegó a firmar el documento que nos pasaron, si se abonó dicho importe y cuál fue su destino final».
Respecto a las donaciones a la Escuela Popular Paulo Freire – que la Fiscalía también quiere que se investiguen–, Carmona asegura en el escrito que aportó al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que indagó en el asunto por la denuncia de una donación de «una cantidad elevada de dinero para actos de formación» a través de la Fundación 25-M «sin que existiera la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos». Según esa denuncia, desde Podemos y su grupo parlamentario se habían inyectado casi 300.000 euros.
En esas fechas, recordaba, el proyecto de la Escuela Popular Paulo Freire estaba vinculado a la Secretaría de Sociedad Civil dirigida por Rafael Mayoral y pretendía ofrecer «cursos formación política».
Para la letrada era «un hecho notorio» que la realización de cursos de formación se había utilizado «como mecanismo para el desvío de fondos», por lo que receló de los mismos. Carmona llegó a la conclusión de que «faltaba transparencia en el proyecto y que debía ser investigado a fondo», pero no le fue posible hacerlo al ser cesada.
Por último, en relación al cobro de costas por parte de responsables del partido, un asunto que considera «muy delicado», la letrada contó que su investigación se centró en el «tratamiento contable y fiscal» de las mismas. «Lo lógico era que las costas las cobrara el partido, pero esta solución planteaba varias dudas legales que debían resolverse correctamente para evitar infracciones tributarias», detalló.