Los Franco fijarían un pago por Meirás tras la última sentencia

Los abogados de la familia Franco preparan el recurso ante el Tribunal Supremo contra el fallo de la Audiencia Provincial de La Coruña que ratificó que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado, según confirma a LA RAZÓN su letrado y portavoz, Luis Felipe Utrera-molina. El plazo arrancó el pasado día 15, tres días después de la sentencia de la Audiencia coruñesa, y los veinte días hábiles para recurrir vencen el 12 de marzo.

La Abogacía del Estado decidió no recurrir el fallo de la Audiencia Provincial de La Coruña, que rechazó «mala fe» por parte de los Franco y ordenó además indemnizarles por el mantenimiento del inmueble, aunque «no se ha fijado cantidad alguna», asegura Utrera-molina. «No hemos reclamado nada porque vamos a recurrir, no estamos pidiendo la liquidación del estado posesorio», explica.

Se ha hablado de 800.000 euros, pero el abogado dice que es una cifra «solo aproximada del coste de la reconstrucción». Es una cantidad que «no está cerrada». De hecho, se aportaron facturas «por más, pero no fue una aportación exclusiva ni exhaustiva». A eso «habría que sumarle el resto de los gastos en 45 años», razona.

Representantes del ámbito de la cultura y la lucha social exigieron al Estado a través de un manifiesto que recurra la sentencia de la Audiencia «para impedir que se perpetúe el expolio y el relato franquista». Para Luis Felipe Utreramolina, «desde un punto de vista técnico-jurídico la razón por la que el Estado no recurre el pronunciamiento respecto a la buena fe es que, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, la valoración de la existencia de esa buena fe es un elemento de hecho que no admite ser revisado en casación». Argumenta que «los motivos de casación están muy tasados y el Supremo solo admite una posible revisión cuando existe una palmaria falta de motivación». Pero «no es el caso».