EL PROGRAMA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA SOBREVIVE A LA COVID
No poder satisfacer las necesidades básicas de suministros afecta a la salud física, mental y a la igualdad de oportunidades. El Gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética en 2019, pero la pandemia reducirá sus efectos positivos
NoNo poder hacer frente a los suministros básicos de energía es un problema más que ha agravado la pandemia. Pasar frío o calor en casa o no poder acceder a internet son lacras que repercuten en la salud física, mental y en la igualdad de oportunidades. La crisis económica, unida a las restricciones de movilidad y al auge del teletrabajo y el tele-estudio han provocado que se pase más tiempo en casa, aumente el consumo y las familias vulnerables sufran con más crudeza los efectos de la pobreza energética. Desde marzo, el Gobierno ha puesto en marcha distintas iniciativas como prohibir el corte de suministros o ampliar el bono social eléctrico a consumidores vulnerables por el coronavirus. Pero esta cuestión requiere ser atajada de raíz y la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética recoge algunas de las claves para conseguirlo.
Avances y retrocesos
El Gobierno define la pobreza energética como «la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía». Los indicadores de pobreza energética disponibles actualmente son los de 2019 y muestran un avance en la lucha contra este problema. No obstante, los datos aún no reflejan el agravamiento que ha traído el coronavirus.
Según estos datos, se concluye que los problemas que afectan a una mayor parte de la población siguen siendo el gasto energético desproporcionado y la pobreza energética escondida. En 2019, un 16,7% de los hogares poseían un gasto energético desproporcionado –superior al doble de la mediana nacional–, una cifra ligeramente inferior al 16,9% del año anterior. Además, el 10,6% de los domicilios estaban afectados por la pobreza energética escondida, lo que implica un gasto energético absoluto inferior a la mitad de la mediana nacional. Este valor ha disminuido 0,4 puntos porcentuales con respecto a 2018. Por su parte, el 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, cifra que mejora 1 punto porcentual y medio con respecto a 2018. Asimismo, un 6,6% de la población tuvo retrasos en el pago de facturas de suministros de la vivienda, un valor que refleja el mayor descenso de los últimos años: 0,6 puntos porcentuales. Estos datos ponen de manifiesto el bajo nivel de eficiencia energética de las viviendas españolas y la necesidad de una medida prestacional a corto plazo que garantice el suministro eléctrico, afirma el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su estudio.
Por otro lado, si hablamos de toda Europa, las cifras de esta problemática son aún más preocupantes. Según recoge el informe «Pobreza Energética en Europa: un análisis comparativo», presentado por Naturgy y elabo
por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Ieb-universidad de Barcelona, en Europa «hay 50 millones de hogares en situación de pobreza energética, a los que podrían añadirse unos 4 millones más que no dan información sobre su situación».
A los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, se le suman los de la tormenta «Filomena». Los españoles tuvieron que hacer frente a una ola de frío con mínimas de hasta -25ºc (Bello, Teruel), que vino acompañada de una subida del precio de la electricidad. En concreto, el 8 de enero el precio medio diario de la luz alcanzó los 94,99 euros MWH, el segundo más alto de su historia, duplicándose en comparacon comparacon el precio medio mensual con que cerró diciembre. ¿El resultado? Un previsible repunte de las cifras de pobreza energética durante el 2020.
Frenar los efectos de la Covid
El Gobierno puso en marcha varias iniciativas para contener el daño a los hogares más vulnerables. Durante el primer estado de alarma, el Gobierno prohibió el corte de suministros a todos los consumidores, medida que se aplicó hasta el 30 de septiembre, y se adoptaron medidas en el ámbito energético dirigidas a empresas, pymes y trabajadores autónomos. Además, desde el pasado 1 de octubre de 2020 está en vigor un nuevo supuesto del bono sorado cial eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables afectados por esta crisis. El pasado diciembre, el Consejo de Ministro aprobó ampliar la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas natural y agua a todos los consumidores vulnerables hasta el próximo 9 de mayo.
No obstante, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética es la piedra angular del cambio. En cuanto a los próximos años (2019-2024), tiene el objetivo de reducir como mínimo el 25% de la pobreza energética del país para 2025 y, para ello, surge el compromiso de crear un nuevo bono social energético que sea integral para todos los suministros energéticos y que se conceda de forma directa en base a unos criterios (renta, unidad familiar, situación de los preceptores y zona climática).
Otra de las medidas contempladas es extender el plazo de interrupción del suministro por impago. La Estrategia prohíbe cortar el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes: no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III. Además, se aumenta de 4 o 8 los meses previos al corte. Durante ese periodo, el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad.
Medidas a largo plazo
Aumentar la eficiencia energética de los hogares es un cambio estructural necesario y prioritario para acabar con esta lacra. El enfoque integral conlleva que las medidas prestacionales (bono, subsidios y otras ayudas) no se conviertan en la principal actuación, sino que sean instrumentos de transición. Por ello, el Gobierno centra uno de sus ejes en medidas de rehabilitación y de eficiencia energética, tanto a corto como medio y largo plazo. En primer término, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos); a medio plazo se apuesta por el fomento de parque de vivienda en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la sustitución de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas por otros dispositivos más eficientes energéticamente mediante subvenciones. A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios.
.También se elaborará un protocolo de actuación para detectar situaciones de vulnerabilidad por parte de los profesionales de atención primaria y se homogeneizará la gestión de información sobre prestaciones públicas buscando que esta información se incorpore a la ya existente tarjeta social universal, que gestiona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a tración vés del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En el ámbito de la concienciación ciudadana, se desarrollarán acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes para que la ciudadanía conozca las posibilidades de ahorro y eficiencia que ofrecen; se ofrecerá información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de eficiencia y se establecerá un canal de comunicación permanente con los sujetos y colectivos interesados. En este sentido, se aspira a la creación de una web que funcione como punto de acceso general de información sobre pobreza energética.
Puntos a mejorar
El estudio elaborado por Naturgy reconoce las principales fortalezas de España en la lucha contra la pobreza energética, entre ellas: la ayuda inmediata al pago de facturas a través del bono social eléctrico y térmico, y la implementación de medidas relacionadas con la rehabilitación de viviendas. España cuenta con un reconocimiento explícito del problema de la vulnerabilidad, con una definición de pobreza energética, una estrategia nacional y objetivos de reducción.
El informe de Naturgy también aporta un decálogo de recomendaciones de mejora. Según María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Ieb-universidad de Barcelona, es importante fomentar el cumplimiento de estándares de máxima eficiencia energética, y promover el autoconsumo, pero al mismo tiempo es necesario «evitar que las actuaciones sean una carga económica más para los hogares vulnerables». Por ello, considera que se deben «establecer mecanismos de financiación viables adaptados a las cirunstancias»personales y económicas de estos hogares. El estudio insta también a «una mayor coordinación e interacción entre entidades públicas, privadas y sociales», potenciando el uso de herramientas de tecnología de información.
En este sentido, el documento considera que se debe «incrementar la participación de los agentes sociales de proximidad en las medidas» que se adopten, así como «minimizar actuaciones generalistas y priorizar aquellas que se adecúen mejor a la realidad socioeconómica y al tipo de vivienda de los hogares vulnerables». Otra de las propuestas del informe a tener en cuenta en las políticas de pobreza energética es que se reduzca la complejidad de los procesos administrativos.