Vocales creen que el CGPJ nacerá ya deslegitimado
Lamentan el bloqueo político y se emplazan al jueves para hacer los nombramientos ante el bloqueo
Victoria Rosell, José Ricardo de Prada y Alejandro Abascal. Estos son los «vetos» de PP, en los dos primeros casos, y de Unidas Podemos en el tercero para terminar
terminar de cerrar el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿O es una mera cortina de humo que intenta desviar la atención de diferencias que son más profundas que la de unos nombres determinados?
¿Por qué aparecen ahora dos nombres, Rosell y De Prada, que no figuraban en un principio en ninguna lista? Son cuestiones sobre las que los actuales vocales del CGPJ tienen opiniones diversas pero con un denominador común: el anuncio de ruptura les ha causado más que sorpresa. «No nos lo esperábamos», «estamos decepcionados y desconcertados», «parecía que esta vez sí se iba en serio» o «el gran perjudicado es el daño institucional que se causa al Consejo» son algunas de las frases pronunciadas por integrantes del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.
De hecho, buena parte de los vocales coinciden en que el PP no cederá en ningún caso para que Rosell y De Prada formen parte del próximo Consejo. En el caso del segundo, porque se le considera «en buena parte responsable de la moción de censura» que acabó con el Gobierno del PP, al introducir en la sentencia de «Gürtel» un párrafo sobre la supuesta «caja B» del PP en una causa donde no se juzgaba la presunta financiación ilegal de los populares.
Y en el caso de Rosell, «por coherencia» con actuaciones del PP en supuestos más o menos similares: «Se pone imposible que lo acepte mientras tiene impugnado el PP el nombramiento de Dolores Delgado» como fiscal general del Estado. «A Delgado el PP la impugnó ante el Tribunal Supremo porque pasó directamente del Gobierno a fiscal general, y con Rosell pasa lo mismo, iría directamente de delegada del Gobierno contra la Violencia de Género al Poder Judicial».
Al frente de la institución, Carlos Lesmes, quien también tenía serias esperanzas, y esas fueron las noticias que recibió, motivo por el que decidió no incluir en el orden del día del último Pleno los ocho nombramientos para cubrir unas vacantes que esperan ya largo tiempo –en el caso de la presidencia del TSJ de Canarias, más de un año–.
Y, como a todos, las últimas novedades no le han causado ninguna «alegría». Como sostienen algunos vocales «está cansado ya de esta situación, como todos», pero «consciente de que el Consejo debe seguir» con su funcionamiento «normal». Como especifica especifica uno de los vocales consultados, Lesmes «no está feliz con lo que ha pasado, pero resignado y entendiendo que nos toca cumplir hasta que nos releven».
Lo más inmediato es el Pleno previsto para el próximo jueves, con el único punto en el orden del día de abordar los ocho nombramientos pendientes. En este punto, la práctica totalidad de los consultados coinciden en que si no hay un acuerdo antes de esa fecha «se abordarán, porque eso fue lo que se acordó» en el celebrado la última semana de febrero, donde se constató, además, que no existía una mayoría «porque el pacto parecía inminente, pero ahora, que parece que todo ha saltado por los aires, sí la puede haber».
Por ello, «las votaciones de nombramientos se harán. Lo normal es que se nombren aunque no se consigan mayorías abrumadoras, pero la ley ya impone una importante cualificación de tres quintos. No creo que en todos los casos se alcancen los 16 votos, pero bastan 13» en algunos de ellos, mientras que en otros sería suficiente con once.
Además, se da la circunstancia de que ésta puede ser la última oportunidad para que el CGPJ pueda llevar a cabo esos nombramientos, ya que el Senado prevé aprobar próximamente la reforma que impedirá que un Consejo en funciones pueda realizar ese tipo de designaciones: «Esa ley nos cierra la puerta, pero al final estos nombramientos serán lo de menos: si no nos renuevan, los nombramientos se acumularán a partir de ese momento».
En el fondo, hay un profundo malestar por todo este «chalaneo de reparto», donde parece que, como señala alguno de sus componentes, lo que menos importa es quién es el realmente perjudicado: «El daño que se está causando a la institución es más que notable, y no sólo al Consejo actual, sino que el próximo nacerá deslegitimado», al menos de cara a la opinión pública.