Estados Unidos señala el riesgo de los ataques del Gobierno de España contra la prensa
En su informe anual de Derechos Humanos se recogen varios episodios preocupantes
El departamento de Estado de Estados Unidos ha presentado su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Entre los sospechosos habituales, como Rusia o China, destaca sobremanera la inclusión destacada de España. Y no, como acostumbran a denunciar los partidarios de la secesión y los enemigos del 78, porque sea un país con presos políticos o minorías reprimidas, sino, sobre todo, por las injerencias del poder público y, más concretamente, por el desempeño del Gobierno.
El otro gran foco de corrosión democrática estaría situado en Cataluña, donde la «Federación Internacional de Periodistas advirtió en su informe anual relativo a 2019 del aumento de los casos de violencia contra el ejercicio del periodismo, un territorio que califica de «peligroso para los periodistas». También habla de la preocupación del Defensor del Pueblo por la falta de «neutralidad ideológica en centros de educación, especialmente en Cataluña, así como la «resistencia de las autoridades –en particular, los departamentos de la Generalitat y los ayuntamientos de Cataluña, así como los centros educativos, culturales y sanitarios– a eliminar este simbolismo.
Finalmente advierte de los ataques de los partidos populistas, especialmente Podemos y Vox, contra la libertad de expresión, así como el señalamiento de informadores, las campañas de desprestigio y la puesta en cuestión del papel de los medios.
El informe, elaborado en 2020 por la Casa Blanca presidida por Donald Trump, ha sido presentado por su sucesor, Joe Biden, y concretamente por el nuevo secretario de Estado, Antony J. Blinken, que informó a la prensa. Se trata de un documento de gran solera, que según el Departamento de Estado tiene por objetivo «promover y defender los derechos humanos y las libertades», y que analiza «el estado de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en casi 200 países y territorios».
En el caso de España, reconoce la calidad democrática del país, corroborada por todos los organismos internacionales. Expresamente, en la introducción, aclara que no hay «informes de abusos importantes contra los derechos humanos durante el año». Eso sí, varias organizaciones consagradas a velar por la calidad de la libertad de expresión e información, como Reporteros sin Fronteras, habrían denunciado que «la restrictiva ley de prensa del país y su aplicación imponen censura y autocensura a los periodistas».
Recuerda el caso de las «conferencias de prensa del Gobierno durante el estado de alarma decretado por el gobierno durante la pandemia de COVID-19», cuando «los periodistas afirmaron que tenían que enviar todas las preguntas por escrito con anticipación a una oficina de comunicaciones del Gobierno, que luego las transmitía al ministerio correspondiente. Alegaron que no se transmitieron todas sus preguntas y que no pudieron entablar un diálogo directo con los funcionarios del Gobierno». Recuerda que «más de 400 periodistas firmaron una carta abierta al Gobierno bajo el título “La libertad de preguntar” y exigieron un mayor acceso para interrogar a los funcionarios del gobierno».
Más grave incluso son las denuncias de «violencia y acoso» por parte del Gobierno, concretamente «múltiples informes de ataques verbales de funcionarios del Gobierno a determinados medios de comunicación y periodistas específicos». Entre otras casos el departamento de Estado explica que el pasado 1 de marzo «el presidente Pedro Sánchez acusó a los medios «conservadores» de «crispar a la sociedad» cada vez que los conservadores pierden las elecciones.
El mismo día, el segundo vicepresidente y secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había «ofendido la dignidad del periodismo». Iglesias también «amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación. Los comentarios fueron inmediatamente condenados por la Asociación de Prensa de Madrid». Otro miembro destacado de Podemos, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, «atacaba la profesionalidad de un presentador de televisión».
En cuanto a Vox, explica que «Reporteros sin Fronteras (RSF) culpó a los repetidos ataques contra los medios de comunicación por parte del partido Vox por provocar ataques verbales y físicos a los reporteros durante las protestas de mayo contra las políticas gubernamentales COVID-19». RSF también «expresó su preocupación por el acoso en línea de Vox a periodistas críticos y verificadores de hechos y condenó a Vox por prohibir a algunos me
dios de comunicación asistir a sus conferencias de prensa y eventos electorales». Sobre Podemos, y más allá de las actuaciones de destacados dirigentes contra la prensa, habla también de la corrupción. Después de consignar que la corrupción constituye un problema que cruza «las fronteras partidistas, regionales y municipales», destaca que «el 11 de agosto, un juez de Madrid acusó formalmente a miembros clave del partido Podemos de presunta malversación de fondos públicos y malversación de fondos relacionados con la financiación de las renovaciones de su sede y los contratos de consultoría durante las campañas electorales de 2019. La investigación tuvo su origen en el testimonio de los ex abogados de Podemos, José Manuel Calvente y Mónica Carmena, quienes alegaron irregularidades económicas, incluida la asignación de la renovación de la sede del partido y el pago de recargos a los miembros del partido. Los abogados también afirmaron afirmaron que Podemos estaba vinculado a Neurona Consulting, una supuesta empresa fachada utilizada para desviar dinero a través de contratos realizados durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 y supuestamente para pagar comisiones al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero».