El juez dice que Marlaska cesó a Pérez de los Cobos por no colaborar con el Gobierno
Varapalo judicial al ministro que tendría que readmitir al general en su puesto
Revés judicial al ministro Grande-marlaska. La Audiencia Nacional considera ilegal el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por no informar a Interior, en mayo del pasado año, de un informe de la Guardia Civil que apuntaba posibles indicios contra el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa y Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias en la autorización de las concentraciones del 8-M cuando ya acechaba la pandemia.
Ese informe, incorporado a la investigación judicial que mantenía ya imputado al delegado del Gobierno en Madrid, terminó filtrándose e Interior justificó el cese en la «pérdida de confianza» en De los Cobos, bestia negra del independentismo catalán por su papel como coordinador del despliegue policial el 1-O.
Pero ahora, la Audiencia Nacional anula su destitución como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, dejando sin efecto esa decisión y condenado al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-marlaska, a su reingreso en el puesto.
El magistrado Celestino Salgado pone de relevancia en la resolución el testimonio del teniente general Laurentino Ceña, quien declaró que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, le trasladó el 24 de mayo que se iba a cesar a Pérez de los Cobos y que «la decisión estaba tomada por Moncloa».
Y, sobre todo, avala que el coronel cesado estaba obligado a guardar silencio pues los agentes de la Guardia Civil habían sido advertidos expresamente por la instructora del 8-M, Carmen Rodríguez Medel, del deber de reserva sobre el contenido de las diligencias, algo que también obligaba a sus superiores. Hasta el punto de que deja claro que, de haber trasladado esa información, habría podido cometer un delito.
El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 8 de la Audiencia Nacional estima así el recurso presentado por Pérez de los Cobos contra la resolución del ministro Grande-marlaska
por la que el 28 de julio de 2020 desestimó el recurso de alzada formulado contra la decisión de cesar al mando de la Guardia Civil adoptada, «por pérdida de confianza», por el secretario de Estado de Seguridad el 24 de mayo de ese mismo año. Fuentes de Interior apuntan que, «desde el respeto a las decisiones judiciales», recurrirán la decisión.
En la resolución, el magistrado recuerda que el cese se motivó por no haber informado Pérez de los Cobos del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco de la instrucción judicial de la causa del 8-M. Pero niega los motivos esgrimidos para el cese: «La motivación de la propuesta de cese no es real; o al menos no se ajusta a la realidad».
¿Por qué motivo? La Audiencia resalta que el coronel «informó desde el primer momento –a través de la cadena de mando– de la existencia» de esa investigación. Lo hizo, de hecho, «hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado
La resolución subraya que Gámez trasladó al teniente general Ceña que «la decisión estaba tomada por Moncloa»
resultado de las investigaciones». De ahí que no informara del polémico informe que apuntaba a Illa y Simón (que en ningún momento fueron imputados) «porque la magistrada había dado orden expresa de obligada reserva». Y si lo hubiese hecho, «podría haber sido constitutivo de un ilícito penal» al obviar el mandato judicial.
La Audiencia considera que «no constando en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado», hay que concluir que «el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal», al estar motivado «por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial» ordenaban.
Para el magistrado se trata de «un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional»
La resolución hace hincapié en la declaración como testigo que prestó el teniente general Laurentino Ceña, que dijo que era «innecesario» que se comunicara a la directora general la existencia de la investigación, pero que se hizo así «debido a la singularidad de la persona investigada» (el delegado del Gobierno).