La UE denuncia a Polonia ante la Justicia europea
Pide medidas cautelares para evitar que los jueces sean perseguidos
La Comisión Europea decidió ayer llevar a Varsovia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para preservar la independencia de los jueces polacos, al considerar que el ordenamiento jurídico vigente en el país vulnera este principio. Ante la gravedad de la situación, Bruselas ha pedido al alto tribunal europeo que se pronuncie de manera urgente y dicte medidas cautelares, antes de que se produzca el fallo definitivo.
El Gobierno polaco rechazó la denuncia del Ejecutivo comunitario. En un mensaje publicado en las redes sociales, el portavoz del Gobierno, Piotr Müller, indicó que «la solicitud de la Comisión Europea al TJUE no tiene justificación legal y fáctica. La regulación del área relacionada con la administración de justicia pertenece al dominio nacional exclusivo, que emana directamente de la Constitución de la República de Polonia y los tratados de la UE».
La deriva autoritaria del país preocupa a las autoridades europeas desde hace años. Polonia es el único país junto con Hungría que ha sufrido la activación del artículo 7, que puede cristalizar en última instancia en la pérdida del derecho de voto en el Consejo. Ante la necesidad de conseguir la unanimidad de los países europeos para llegar a este paso, el expediente se encuentra en punto muerto. El Ejecutivo comunitario cree que el Gobierno de Ley y Justicia está vulnerando la independencia del sistema judicial con la
El Gobierno polaco rechaza la acusación de la Comisión Europea: «No tiene justificación jurídica»
promulgación de una nueva ley que entró en vigor en febrero de 2020. Según Bruselas, esta normativa es contraria al ordenamiento jurídico europeo ya que, entre otras disposiciones, prohíbe que los jueces del país presenten cuestiones prejudiciales al TJUE.
Los magistrados de los países europeos pueden remitir consultas al alto tribunal comunitario, antes de emitir una sentencia, cuando deban dirimir una recurso sobre la aplicación del Derecho de la Unión. El tribunal de justicia con sede en Luxemburgo es la máxima autoridad en la interpretación de las leyes europeas y tiene capacidad para dictar jurisprudencia.
Además, la Comisión Europea considera que Polonia está violando la legislación europea al permitir que la cámara disciplinaria del Tribunal Supremo del país dicte medidas con un impacto directo en las funciones que ejercen los magistrados polacos. Entre ellas, Bruselas señala la posibilidad de que este organismo decida sobre la inmunidad de los jueces, lo que puede derivar en los procedimientos penales contra los magistrados que incluyan su detención, suspensión de sus funciones o recorte de sus salarios.
«La decisión de levantar la inmunidad de un juez deber ser adoptada por una instancia independiente», explicó el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, al considerar que esta cámara disciplinaria supone una artimaña para que el poder político pueda entrometerse en las decisiones de los jueces. El Gobierno polaco defiende que estas reformas son necesarias para mejorar el funcionamiento del poder judicial y que estas medidas tienen como objetivo depurar del sistema los magistrados vinculados al antiguo régimen comunista.
Con el objetivo de no seguir menoscabando la independencia de los jueces polacos, Bruselas ha pedido al alto tribunal europeo con sede en Luxemburgo que actúe de manera rápida y dicte medidas cautelares. Entre estas acciones, la Comisión Europea ha solicitado que esta cámara disciplinaria no tenga ningún poder sobre la inmunidad judicial, seguridad social o jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo; que los efectos de las decisiones ya tomadas por esta cámara sean suspendidos y que también carezcan de validez las disposiciones que prohíben a los jueces polacos dirigirse al alto tribunal europeo. Más de 40 jueces han sido sancionados o suspendidos por ejecutar sentencias del Tribunal de Justicia de la UE o criticar la reforma judicial del Gobierno.
Ante la imposibilidad de avanzar en el procedimiento del artículo 7, los líderes europeos han ideado un nuevo mecanismo que supedita el desembolso de las partidas al cumplimiento al Estado de Derecho, incluido el fondo de reconstrucción europeo por valor de 750.000 millones de euros para hacer frente a los estragos del coronavirus. Ante la amenaza de Varsovia y Budapest de bloquear la aprobación este fondo, esencial para la recuperación económica.