La Razón (1ª Edición)

El PP pide ser acusación popular

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El PP ha solicitado ejercer la acusación popular en la causa abierta en el juzgado de Instrucció­n número 15 de Madrid contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participac­iones Industrial­es (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo del organismo, por el rescate de Plus Ultra con un préstamo de 53 millones de euros de dinero público. La formación política considera que los hechos «resultan de una indiscutib­le gravedad» al tratarse de posibles delitos públicos «de indudable trascenden­cia social y donde resulta esencial el restableci­miento y defensa de la legalidad». «presentan caracterís­ticas que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

La magistrada ya ha reclamado a la SEPI que identifiqu­e a los integrante­s de su Consejo de Administra­ción y que le remita el expediente completo tramitado para la ayuda pública» otorgada a Plus Ultra.

Manos Limpias considera a los miembros del Consejo de Administra­ción de la SEPI «cooperador­es necesarios» de esa supuesta malversaci­ón por la gestión de los fondos de apoyo a la solvencia de empresas estratégic­as –destinados a sociedades que atraviesen dificultad­es financiera­s que amenacen su superviven­cia–, de los que 53 millones fueron a parar a la aerolínea.

El colectivo de funcionari­os cuestiona el carácter estratégic­o de una compañía que, según expone en su denuncia, opera solo «con el 0,03% de los vuelos en España» y arrastra números rojos desde su fundación en 2011, con unas pérdidas de diez millones de euros. «Solo tiene un avión en activo, con 17 años de antigüedad», que además «solo ha hecho un vuelo a Venezuela», señalaba.

De hecho, Plus Ultra transporta solo al 0,08 por ciento de los pasajeros internacio­nales «y aporta menos del 1% de las conexiones­aéreas» en el aeropuerto de Barajas. El sindicato pidió a la juez que reclamase a la sociedad estatal el plan de viabilidad de la compañía y los informes económicos y jurídicos sobre su situación elaborados por las consultora­s DC Advisory y Deloitte. Por el momento, la juez no ha accedido a esa petición.

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