El Govern deberá vacunar a policías y guardias civiles
La Generalitat calificó de «ridículo» el criterio de la Justicia y aseguró que retrasará las dosis para mayores de 70 años
Varapalo judicial a la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó ayer al gobierno catalán que vacune «sin excusa» y «de inmediato» en los próximos 10 días a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en la autonomía. «En un plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la finalización del plazo de diez días señalado anteriormente, el departamento de Salut deberá informar a este Tribunal del estado de ejecución de la medida cautelar», añade la resolución judicial.
El TSJC ha aceptado así la solicitud de medidas cautelares hecha por la asociación Jucil de la Guardia Civil y por el sindicato Jupol de la Policía Nacional, que interpusieron un recurso el pasado 8 de abril después de que la Generalitat paralizara a finales de marzo la campaña de vacunación en ambos cuerpos policiales. El tribunal también reclama que en un plazo máximo de cinco días se comunique «el cargo y datos de identificación de la autoridad responsable del cumplimiento de la presente resolución judicial».
Transcurrido ese plazo, y de no haberse procedido a esa comunicación, el considerará que el responsable es la consellera de Salut, Alba Vergès.
El tribunal señala que los datos de vacunación, facilitados por la propia Generalitat, son «elocuentes». En este sentido, apunta que a 24 de marzo de 2021 habían sido vacunados el 77% de los efectivos de los Mossos d’esquadra, así como el 68,9% y el 77,9% de los efectivos de las Policía Locales y de la Guardia Urbana de Barcelona, Barcelona, frente al 3,6% y 2,8% respectivamente, de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Casi un mes después, a 22 de abril de 2021, esos porcentajes han pasado a ser los siguientes: 80,3 para los Mossos; 71,2 para las Policías Locales; 79,1 para la Guardia Urbana; 9,9 para la Policía Nacional; y 6,3 para la Guardia Civil.
«No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están en activo, puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población», advierte el tribunal, alerta de que la obligación de reanudar la vacunación a ambos cuerpos policiales «no tiene por qué traducirse en un perjuicio para otros grupos de población» porque «el contingente de Policía Nacional y de Guardia Civil en Catalunya sea reducido» y va a llegar nuevas remesas de vacunas. «En todo caso, no parece razonable que a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del CNP y de la GC con destino en Catalunya», zanja.
La Fiscalía se ha posicionado a favor de que se retome la vacunación a los agentes y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, garantizó que se administrarán las dosis, aunque evitó revelar qué medidas tomarán si la Generalitat incumple el plazo.
La Generalitat reaccionó ayer mismo y negó que se haya dado «ninguna discriminación». En estenido, aseguró que cumplirá con la resolución judicial, aunque con críticas. Así, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, consideró «ridículo» el criterio del TSJC y dijo que obligará a retrasar la vacunación de gente mayor de 70 años (entre ambos cuerpos suman en torno a 7.000 agentes). El Govern aduce que no ha podido vacunar antes a los policías nacionales por falta de datos del censo.