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La Comunidad recibe este año más de 131 millones de euros para políticas activas
Castilla y León recibirá131 millones de euros del Gobierno de España para la ejecución de las políticas activas de empleo que se distribuyen en fondos para incentivos al empleo, para la modernización de los servicios públicos de empleo y para formación.
Así se desprende del acuerdo alcanzado ayer durante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales presidida por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y en la que participaba la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, quien pedía que las regiones de la España autonómica puedan disponer de una mayor autonomía a la hora de concretar el destino de los fondos de las políticas activas de empleo que reciban. Y especialmente en determinadas partidas como la construcción de la nueva Red de Centros Públicos de Orientación, que tiene como objetivo principal garantizar la colaboración y coordinación entre los servicios de empleo de las autonomías y el servicio estatal.
Una colaboración que, en opinión de la consejera, puede realizarse sin necesidad de construir nuevos espacios físicos que tendrán un coste de mantenimiento añadido para las Comunidades. Amigo decía que se podrñian aprovechar los espacios ya existentes y destinar los fondos a fomentar el empleo o mejorar espacios y equipamientos.
«Las regiones queremos más autonomía a la hora de decidir sobre aquellos aspectos que consideramos consideramos necesarios e importantes para los ciudadanos y que deben reforzarse dentro de las políticas activas de empleo, ya que ni los recursos disponibles ni las necesidades son iguales en todos los territorios», decía.
Además, Amigo demandaba sumar también una mayor flexibilidad para los plazos de ejecución ante la demora que las Comunidades están sufriendo en la recepción de los fondos.
«Los gobiernos autonómicos deben decidir el destino de los fondos según sus necesidades, como por ejemplo que se puedan aplicar a otras medidas y líneas que se contemplan como fondos finalistas, así como al periodo de ejecución y justificación de los recursos, teniendo en cuenta tanto el retraso en su aprobación como los condicionantes que todavía se mantienen por la situación sanitaria para algunos programas», apuntaba la consejera.
La consejera Carlota Amigo reclama más flexibilidad para los plazos de ejecución de los recursos ante la demora en la recepción