LOS CONDUCTORES PAGAN YA AL AÑO 29.500 MILLONES EN IMPUESTOS
LOS ESPAÑOLES ABONAN 20 VECES EN TRIBUTOS LOS 1.300 MILLONES QUE SE DESTINAN A CONSERVAR CARRETERAS
El Gobierno de Psoe-podemos se ha comprometido con Bruselas a establecer a partir del año 2024 un peaje en todas las carreteras de un único sentido. El motivo es que necesitamos incrementar la inversión en conservación y mantenimiento de estas infraestructuras hasta los 1.300 millones de euros anuales y que, además, acumulamos un déficit de subinversión cercano a los 8.000 millones de euros… de modo que hace falta dinero. ¿Y de dónde puede salir ese dinero? Del bolsillo de los conductores, que son quienes usan –y desgastan– las carreteras.
El argumento suena razonable porque, en efecto, los servicios públicos debería costearlos, en todo o en parte, aquel que hace uso de los mismos. Si una persona no valora lo suficiente un servicio público como para hacerse cargo de su coste, entonces es que los recursos empleados en suministrar ese servicio público estarían mejor empleados en otra parte de la economía. Por ejemplo, puede haber espectadores que sintonicen Televisión Española porque les sale «gratis» seleccionarla en su mando a distancia (esto es, pagan vía impuestos el coste del ente público con independencia de si ven su televisión o no), pero muchos de esos mismos espectadores probablemente optarían por no verla si, de ese modo, pudiesen ahorrarse su parte proporcional en el presupuesto de esta compañía pública.
Por consiguiente, en general tiene pleno sentido que los usuarios se hagan cargo del coste de los servicios. Y, en particular, también lo tiene en el caso de los peajes y las carreteras. Ahora bien, los conductores también tienen razón cuando replican que ellos ya están abonando impuestos más que sobrados por circular por las carreteras. En particular, en 2018 el Estado recaudó 456 millones de euros en concepto de impuesto de matriculación, 2.905 millones por el impuesto de circulación, 4.856 millones por el IVA sobre la adquisición de coches nuevos, 7.370 millones por el IVA sobre los carburantes, 13.452 millones por el Impuesto especial sobre Hidrocarburos y 523 millones por ventas de vehículos de segunda mano. En total, más de 29.500 millones de euros.
¿Cómo es posible que el Estado diga entonces que no tiene recursos suficientes para hacer frente a una inversión anual de 1.300 millones de euros en el mantenimiento de las carreteras españolas si recauda cada ejercicio 29.500 millones de euros a costa de los conductores? Pues porque todo ese dinero se destina a otros fines no vinculados con el mantenimiento de las carreteras (ya sea educación, sanidad, dependencia, burocracia, I+D, subvenciones…), de modo que no queda suficiente para conservar la infraestructura. Y es ahí donde entra el nuevo sistema de peajes que se quiere imponer adicionalmente sobre los conductores. Es decir, de lo que se trata es de seguir cobrándoles todo lo que ya se les cobra y, además, los peajes. Por tanto, se trata de una subida de la tributación encubierta sobre la población conductora.
En definitiva, aunque sería perfectamente razonable y deseable financiar el mantenimiento de las carreteras a través de peajes, esto debería hacerse a costa de rebajar otros impuestos (por ejemplo, el de circulación o el de matriculación) de tal manera que la propuesta sea neutra desde un punto de vista recaudatorio. En caso contrario, como decíamos, no pasará de ser un sablazo fiscal encubierto.