Tres reformas malditas y un escarnio
El plan presentado en Bruselas para acceder al deseado «maná» europeo es casi un rescate que le pasará factura al Gobierno y que requeriría un amplio e improbable consenso para que fuera un proyecto con garantías de éxito duradero
La victoria de Díaz Ayuso exacerbará los intentos de escarmiento fiscal a la Comunidad Autónoma de Madrid»
IsabelIsabel Díaz Ayuso le ha amargado la primavera a Pedro Sánchez más de lo que preveía, aunque él, más allá de lo que dijera el inefable Tezanos, presidente de un CIS que ha hecho el ridículo, sabía que las cosas no pintaban bien para Ángel Gabilondo, un candidato al que los estrategas socialistas llevaron de contradicción en contradicción hasta la derrota final y que ahora intenta recuperarse de un susto cardíaco. Los malos augurios, no tan malos como el resultado final, justifican –si es que hacía falta–, el retraso en explicar los detalles del Plan de Recuperación enviado a Bruselas, hasta el extremo de que la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen,
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Portavoz, con su habitual barroquismo verbal se metió en algún jardín pero desvió la atención hasta que, al fin, el día después del batacazo socialista, la vicepresidenta Nadia Calviño, siempre obediente y al mal tiempo buena cara, presentó el plan del «maná» europeo y, como ha quedado claro ahora, incluía condiciones. Hay expertos que, aunque lo consideran necesario y aplauden muchos de sus puntos, también califican al plan de «rescate». Ya era un contrafactual, pero si todo se hubiera desvelado antes de las elecciones madrileñas, el batacazo socialista podría haber sido mayor y también hubiera afectado a Pablo Iglesias, porque Unidas Podemos, como miembro del Gobierno, es solidario con todas las medidas, y lo será mientras Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón sigan en el Consejo de Ministros.
El plan enviado a Bruselas y que el Gobierno se ha comprometido a cumplir aborda, de diferentes maneras y con distintos calendarios, las tres grandes reformas siempre pendientes en la economía española y, en buena medida, malditas: la reforma laboral, la de las pensiones y la fiscal. Las tres son otras tantas asignaturas pendientes que requerirían un consenso muy amplio y que ahora el Gobierno tampoco ha buscado y que puede complicar su aplicación. Eso, con un Gobierno que no fuera de izquierdas todavía sería más difícil. El PSOE actual y sobre todo Unidas Podemos dinamitarían cualquier asunto como los sugeridos en el terreno laboral, en el de pensiones y en el fiscal y tampoco querrían hablar de reducción de desgravaciones, subida del diésel y la que se intuye del IVA, vía reducción de beneficios fiscales, por no citar el peaje de las autopistas.
El alza generalizada de impuestos es algo que han desaconsejado la mayoría en tiempos de crisis como los actuales y, en general, para el fomento de la actividad económica. Quizá por eso el Gobierno pone paños calientes y anuncia un calendario que escalona las subidas hasta 2023, año teórico de cita electoral y las elecciones, como acaba de comprobarse en Madrid, no se llevan bien con las subidas de impuestos. Sánchez y sus ministros dirán que son exigencias de Bruselas para librar esos fondos que permitirán gastar más. La realidad es que a las autoridades de Bruselas les da lo mismo que se suban o se bajen los impuestos. Lo que pretenden, como explica con frecuencia el vicepresidente Valdis Dombrovskis, es que se reduzcan los déficits, que cuadren las cuentas. El que eso se consiga con aumentos tributarios, con reducción de gastos o con una combinación de ambos, depende de cada país. El Gobierno ha decidido decantarse por más impuestos, incluidos los del trabajo, las cotizaciones a la Seguridad Social que ahora pilota el ministro José Luis Escrivá. El problema es que algunos son planes a muy largo plazo, que tendrían que ser desarrollados por gobiernos de distinto signo, lo que requeriría un consenso que hoy parece utópico.
Los planes del Gobierno incluyen ración extra de escarmiento o escarnio fiscal contra Madrid, que quizá con el éxito de Díaz Ayuso se exacerbe. El objetivo es acabar con la autonomía fiscal madrileña e impedir, sobre todo, la bonificación de los impuestos de sucesiones y patrimonio, una figura, por cierto, que no existe en ningún país de la Unión Europea. Lo más estrafalario es que los mayores defensores de cercenar las prerrogativas fiscales autonómicas sean los «indepes» catalanes de Rufián y compañía, que simplemente no soportan que la economía de Madrid vaya mejor que la catalana. Tres reformas malditas y un escarnio.
insistió en su difusión íntegra.