Golpe a la corrupción urbanística en Valencia
La UCO detiene al exvicealcalde de Valencia y al subdelegado del Gobierno por el cobro de comisiones cuando eran concejales
La UCO de la Guardia Civil irrumpió ayer en los domicilios particulares tanto del subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio (PSOE), como en el de Alfonso Grau (PP), el que fuera vicealcalde de Valencia; y también en el de José Luis Vera, uno de los jefes del servicio jurídico de la Diputación de Valencia, y considerado uno de los «fontaneros» del PSOE en la capital de la Comunitat.
Todos ellos fueron detenidos, así como hasta diez personas más, y están siendo investigados por una trama urbanística de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público. También fue detenido el constructor Jaime María Febrer, del que la Guardia Civil cree que dirigía la trama.
Esta operación se enmarca en la denominada causa Azud por la que ya fue detenido en 2019 el cuñado de Rita Barberá. Se les imputan los delitos de blanqueo cohecho, falsedad, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y prevaricación.
También se les investiga por la adquisición, por parte de la empresa de Febrer, de suelo público en condiciones ventajosas para futuras promociones.
Los hechos investigados comienzan en el año 2005 y algunos de los proyectos urbanísticos finalmente se malogran por la crisis económica sobrevenida en 2008. Según las investigaciones de la Guardia Civil, Alfonso Grau, habría cobrado más de un millón de euros en comisiones, mientras que Rafael Rubio (destituido ayer tras conocerse su detención) que era en el momento de los hechos que se investigan, portavoz socialista en el Ayuntamiento, habría recibido algo menos de la mitad.
El empresario detenido, Jaime María Febrer, era propietario de la mercantil Construcciones Valencia Constitución, matriz de todo el entramado sobre el que al parecer pivotan un buen número de empresas constituidas ad hoc para los distintos proyectos urbanísticos, así como otras que habrían ejercido el papel de «factureras».
El empresario Febrer habría llegado a participar en la redacción de los pliegos de licitación ajustándolo a la que luego sería su oferta, lo que la hacía imbatible. Una de las actuaciones más importantes fue la compra de los terrenos de CLH, junto al Puerto de Valencia. Los investigadores han centrado parte de las pesquisas en esta adquisición inmobiliaria inmobiliaria que iba a traducirse en las construcción de numerosas viviendas, muchas de ellas de protección oficial. La crisis que estalló en 2008 dio al traste con el negocio, si bien la UCO podría tener acreditado la intervención del empresario para que el pliego de licitación le fuera ventajoso.
La corrupción pudo con él
El ya ex subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio, denunció, durante su etapa como concejal socialista de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia, alguna de las permutas urbanísticas que pueden estar en la base de la causa que ahora mismo investiga con ahínco la Guardia Civil.
Su relación con Alfonso Grau, entonces portavoz del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento, era difícil, aunque a la vista de los hechos, las diferencias se fueron diluyendo.
Rubio denunció una permuta muy favorable para la empresa de Jaime Febrer por la que obtuvo un solar en el barrio de San Isidro a cambio de dos viviendas en la calle del Rosario de El Cabanyal. La plusvalía obtenida en unos meses pudo superar las 300.000 euros.
Al parecer, fue el también detenido José Luis Vera y algún destacado socialista más, los que posiblemente propiciaron un encuentro entre Rubio y Febrer a partir del cual, Rubio moduló mucho más sus críticas hacia los tejemanejes urbanísticos que se realizaban auspiciados por Grau. La investigación trata de determinar qué obtuvo Rubio a cambio, aunque todo apunta a que fue en ese momento cuando el ex subdelegado del Gobierno pudo empezar a participar del cobro de comisiones ilegales.
Una caja fuerte y 40 registros
En el día de ayer, la Guardia Civil requirió la presencia de un cerrajero en casa de Rafael Rubio para abrir una caja fuerte.
Además, ayer se realizaron alrededor de 40 registros tanto en Valencia como en Alicante, Madrid y Tomelloso. Los agentes buscaban documentación que demuestre la existencia de la trama. En algunos domicilios también se buscaron los generosos regalos con que Febrer obsequiaba a políticos de todos los partido y a funcionarios, incluso secretarias y asesores. En casos como los dos detenidos principales la generosidad superaba los 3.000 euros en relojes Hublot y Breitling o complementos de Ermenegildo Zegna y Loewe.