Los jueces advierten del impacto del guiño a Puigdemont con la Lecrim
► La idea de limitar los plazos de instrucción se aplicará a todas las causas abiertas, no solo a las del «procés», y puede derivar o en su archivo o en una absolución por no investigar
El fiasco en el Congreso por el rechazo de Junts a las enmiendas a la ley de amnistía ha dejado tocada la continuidad de la legislatura. Esta semana, tras un silencio tenso en el que nadie movía ficha, de Pedro Sánchez hacía un último guiño a Carles Puigdemont a costa del Poder Judicial. El lunes aventuraba la posibilidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para poner límites a los plazos de instrucción, es decir, a la investigación de los hechos que tienen connotaciones delictivas. Lo dijo en una entrevista en el programa «Al rojo vivo» de La Sexta. Al ser preguntado, cerró las puertas a modificar el delito de terrorismo en el Código Penal, pero avanzó una posible modificación de esa ley. «Yo creo que hay un elemento que hemos visto durante estas últimas semanas, de instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión» y adelantó que encajaría en la «reforma que hemos convalidado en los reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso y es el de la eficiencia de la Justicia». Con este movimiento, pondría coto a los jueces Manuel García-castellón, que instruye la causa de Tsunami Democràtic, y Joaquín Aguirre, que investiga la «trama rusa» del independentismo. Ambos han pedido prorrogar la instrucción de estas causas.
Pero este cambio normativo, que satisfaría las demandas de los socios del Ejecutivo y ayudaría a desbloquear el trámite de la proposición de ley, también podría tener consecuencias indeseadas en el resto de los ciudadanos.
Así lo reconocen varias fuentes jurídicas consultados por LA RAZÓN, que piden no ser citadas. Este movimiento ha causado sorpresa, aunque no pocos creen que Sánchez ha demostrado una
«gran flexibilidad para cambiar de opinión», si las circunstancias así lo requieren. Recuerdan que ya ocurrió con la reforma del delito de sedición y con la misma amnistía, que antes era inconstitucional para el mandatario y ahora no lo es. «Todo lo que parece imposible, después sí lo es», señala una de esas fuentes. Otra advierte: «La
Ley de Enjuiciamiento Criminal, a diferencia de la ley de amnistía, es una ley general que no admite excepciones. Es decir, se aplicaría a todas las causas, de los delitos más leves a los que revisten una mayor gravedad». Por tanto, las consecuencias afectarán a todos los ciudadanos «a no ser que incluya una disposición transitoria que diga que es exclusivamente para Puigdemont», ironiza. «Puede que acaben arruinando todas las instrucciones complejas de grupos criminales, personas que se fugan o investigaciones internacionales» como la que afecta el expresidente de la Generalitat. Aunque al tratarse de una reforma procesal, no regiría la retroactividad que sí tuvo la reforma del Código Penal, más favorable con la ley del «solo sí es sí» y que redujo las condenas e, incluso, excarceló a delincuentes sexuales, recalcan que los servicios técnicos deberían valorar al detalle el alcance de este cambio, porque tendría efectos de carácter general y afectaría a las causas actualmente están en trámite de cualquier tipo de delito, no solo los del «procés».
Limitar los plazos de instrucción puede causar indefensión, especialmente en procedimientos judiciales más complejos o con un mayor número de víctimas, señala otra fuente. Si hay menos tiempo para investigar los indicios, habrá más sobreseimientos o sentencias absolutorias por falta de pruebas. Esto está conectado con la escasez de medios que aqueja a la Justicia en España. La única manera de que una reducción o una limitación de los plazos de instrucción no tenga esas consecuencias indeseables es que se dote a los tribunales de los recursos que requieren. «Si no se cuenta con los medios necesarios, es lógico que se pidan de prórrogas continuas», señala. Fijar plazos improrrogables sin disponer de recursos supondrá frenar la instrucción sin profundizar en lo denunciado, perjudicando a las víctimas.
Que Sánchez haya descartado «tocar» el delito de terrorismo para calmar a Junts responde, según aclara un magistrado, a que no puede hacerlo. Recuerda que existe la directiva europea de 2017, que en su artículo 3 señala qué tipo de actuaciones se encuadran en este tipo delictivo. «Esta directiva vincula a España como miembro de la Unión Europea» y, por tanto, «es lógico que no se haya atrevido a traspasar esa frontera». Y añade que el terrorismo, viene determinado por el Código Penal, en su artículo 573, «que fue pactado entre PP y PSOE» en la reforma que selló el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. Por otra parte, también se recuerda que la limitación en los plazos de instrucción ya fue planteada en la reforma de la Lecrim del exministro de Justicia Alberto Ruiz-gallardón para causas que no fueran complejas. «Entonces se criticó por sectores progresistas y de la judicatura», señala. Una nueva contradicción de Sánchez, que en 2020 derogó la reforma del PP y amplió el plazo máximo de investigación de seis a doce meses, con prórrogas ilimitadas cada seis meses.
En 2020, el Gobierno derogó la limitación de plazos que había aprobado el PP
El presidente de la Xunta y candidato del PP de Galicia, Alfonso Rueda, se mantiene con la moral de victoria alta. En la primera reválida a la que se enfrenta como presidente electo, aseguró ayer que no es partidario de «fijar metas» numéricas para los comicios del próximo 18 de febrero, aunque dio por segura la mayoría absoluta en el Parlamento gallego, situada en los 38 diputados. «Vamos a hablar de 38 y todo lo que venga a mayores lo celebraremos», dijo el líder popular en una entrevista concedida a Esradio, en la que fue preguntado sobre cuántos escaños considera que va a obtener. «Todos tenemos claro que o 38 o nada», insistió Rueda, aunque trabaja para obtener un resultado «más cercano al que hubo hace cuatro años», con los 42 obtenidos por el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en unas «circunstancias muy difíciles» como fue la pandemia de 2020.
Alfonso Rueda apuntó que «la mayoría de las encuestas coinciden en un suelo de 39» diputados, «incluso algunas hablan de 40». Todas, «excepto el CIS», que en su último barómetro electoral deslizó la posibilidad de que el PP perdiese la absoluta y se mostró seguro de que, si hay más encuestas de Tezanos, pondrán al PP «cada vez en peor situación».
No obstante, el presidente de la Xunta no se quiere «obsesionar» con las encuestas, porque su objetivo principal es tener esos 38 escaños para seguir gobernando. Aunque ve «sólido» ese suelo, apeló a no confiarse y a movilizar a su electorado, porque «en cualquier momento las circunstancias pueden cambiar» en los últimos días de campaña.
Rueda también se mostró seguro de que Vox no obtendrá representación en el Parlamento gallego, algo en lo que «todas» las encuestas «coinciden». «Cualquier voto que vaya a Vox lo celebrarán en las sedes de la izquierda, especialmente en la del BNG».