Así se asaltó el Congreso de los Diputados en 1856
El fallido acoso al corazón de la democracia estadounidense, en forma de violenta invasión del Capitolio de Washington, guarda muchos elementos en común con un episodio de nuestra propia historia, en el que después de una serie de desavenencias entre O’Donnell y Espartero, la Milicia Nacional intentó tomar el Congreso de los Diputados por la fuerza
A finales de 1853, la crisis política española se tradujo en un fuerte enfrentamiento parlamentario que Luis José Sartorius, presidente del Gobierno, solucionó mediante la disolución de las cámaras y la persecución de los opositores, que en el caso de unos cuantos militares notables se tradujo en su confinamiento en plazas lejanas a la capital. Bloqueada la actividad en el Parlamento, la oposición parecía abocada a defender sus derechos mediante las armas.
El 28 de junio de 1854 se produjo un levantamiento militar que, si bien no fue derrotado, no alcanzó su propósito de expulsar al Gobierno y recuperar la normalidad política. Pronto empezaron a estallar las sublevaciones populares, producto del descontento de los sectores demócratas y republicanos. El estallido final lo constituyó la sublevación madrileña del 17 de julio, que llenó las calles de barricadas en las que se integraron todas las capas sociales de la población.
Programa revolucionario
Tras la victoria, los combatientes quedaron integrados en la Milicia Nacional, que era uno de los puntos del programa revolucionario. Esta incorporación anulaba los reglamentos y el espíritu inicial de la institución, y fue uno de los elementos de tensión durante el Bienio Progresista (1854-1856).El nuevo Gobierno tenía dos almas: la progresista de Espartero y la conservadora de O’Donnell. A ellos se unía la tensión en las calles dirigida por demócratas y republicanos, que tenían una importante actividad a través de la Milicia Nacional.
A pesar de ello, las expresiones del malestar continuaron a través de nuevos cauces. El 26 de marzo una reunión de los comandantes madrileños de la Milicia Nacional destinada inicialmente a resolver cuestiones organizativas acabó aprobando petición de un cambio político porque «muchas de las cuestiones ocurridas desde agosto no habrían sido resueltas del modo que lo fueron si antes los comandantes, jefes de las compañías, hubiesen explorado, como debían, la voluntad de todos». En una nueva reunión se solicitó el cese de cuatro ministros. Al justificar la postura señalaban que habían adoptado tal determinación a fin de evitar los efectos del descontento existente en las filas de la Milicia Nacional Madrileña.
La mecha de Zaragoza
La rápida respuesta del Consejo de Ministros (fechada el 28 de marzo de 1855) fue la presentación en el parlamento de una propuesta de ley que prohibía expresamente deliberar a la Milicia, Milicia, en un texto defendido sorprendentemente en la reunión por su miembro más radical, Pascual Madoz. Ocho meses después, Zaragoza fue el escenario de una alteración del orden para impedir el trasporte de grano con destino al mercado exterior, que necesitaba grandes cantidades para alimentar a los ejércitos que combatían en Crimea. La Milicia Nacional fue enviada a restaurar el orden y en lugar de ello se unió a los amotinados, que se mantuvieron durante tres días.
El capitán general Ignacio Gurrea procedió a su reorganización, pero no pudo impedir que se redactase un manifiesto en el que se denunciaba la situación de las clases populares, que afectaba no solo a la capital aragonesa sino a todo el país. Dicho texto, refrendado por 2.000 zaragozanos, en su mayoría integrantes de la Milicia Nacional, fue remitido a las Cortes.
El resumen del escrito incluido en el Diario de Sesiones señala: «Un número considerable de vecinos de Zaragoza acude a las Cortes para que se cumpla la voluntad nacional tal cual se creyó sobreentendida en el programa de Manzanares, procurando que el presupuesto del Estado no exceda de los medios con que cuenta e1 país para cubrirle, y que se establezca una administración sencilla». El trasfondo de la petición era la supresión del impuesto de puertas y consumos que, inicialmente abolido, fue repuesto unos meses más tarde. La sesión del 7 de enero de 1856, en que se debatió el documento, fue aprovechada por los demócratas para hacer una crítica del gobierno centrándose en dos aspectos: el incumplimiento del programa de la revolución de 1854 y la política de nombramientos en la que los progresistas habían sido postergados.
Cayetano Cardero, gobernala