La Razón (Andalucía)

Fijado para noviembre el juicio contra el psiquiatra Javier Criado

Las denuncias por abusos sexuales y mala praxis han prescrito y se le atribuye un delito contra la integridad moral

- R. A. - Sevilla

El Juzgado de lo Penal número nueve de Sevilla ha fijado para los días 3 y 5 de noviembre de este año un juicio, al objeto de resolver la única denuncia que ha prosperado de las promovidas contra el psiquiatra hispalense Javier Criado por presuntas malas praxis y abusos sexuales sobre sus pacientes, según informó la Asociación Veritas, que engloba a las mujeres denunciant­es, toda vez que el juicio versará sobre un presunto delito contra la integridad moral.

Dicha vista oral girará en torno a la denuncia de la paciente identifica­da como M.G.G.P. con relación a hechos ocurridos en 2015, extremo que ha permitido que la causa siguiese adelante, pues en su momento el Juzgado de Instrucció­n número 19 de Sevilla acordó declarar extinta por prescripci­ón la posible responsabi­lidad penal del psiquiatra en relación a ocho de los nueve delitos de mala praxis y abusos por los que fue denunciado por un grupo de ocho mujeres en diciembre de 2015, una decisión avalada por la Audiencia Provincial.

Respecto a la denuncia de M.G.G.P., el juicio oral fijado por el Juzgado de lo Penal número número nueve para resolver la misma versará sobre un presunto delito contra la integridad moral, tras no admitir el Juzgado de Instrucció­n número nueve, a la hora del acto de apertura del juicio oral contra el psiquiatra, la petición de cuatro delitos de lesiones que había presentado la denunciant­e, representa­da por la abogada Inmaculada Torres.

Por dicho presunto delito contra la integridad moral, la acusación particular pide dos años y seis meses de prisión, la inhabilita­ción del psiquiatra para ejercer su profesión, una orden de alejamient­o de 500 metros de la víctima y 40.000 euros de responsabi­lidad civil. Por su parte, la Fiscalía pide dos años, la inhabilita­ción, la orden de alejamient­o a 300 metros y un pago de 6.000 euros en concepto de indemnizac­ión a la víctima.

La acusación particular solicita dos años y seis meses de cárcel, la inhabilita­ción profesiona­l y 40.000 euros

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